Pasó el debate por el aborto, y el gobierno que habló de «defender la vida» dispuso un recorte de $ 126,3 millones en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social, especialmente en lo referente a la atención de la Primera Infancia. En todo el año, el ajuste en el área asciende a 450 millones de pesos, casi un 15% del presupuesto con el que arrancó 2018.

El último ajuste fue el lunes, cuando se publicó en el Boletín Oficial la transferencia de 1268 millones quitados a los ministerios de Desarrollo Social y  de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para dárselos a la Policía Federal. En esa bolsa están los millones de la SENNAF. «La decisión se toma en un contexto país en el que más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de vulneración en sus derechos, y entre ellos, más de 5 millones pasan hambre o no acceden a los nutrientes necesarios para desarrollarse», alertó Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.

«Es una decisión regresiva que se opone a todas las recomendaciones que ha recibido el país en cuanto al cumplimiento y resguardo de los derechos de la niñez. El Estado es el principal responsable y garante de la vida de cada niño y niña, no es posible que se desentienda de sus funciones y responsabilidades”, agregó la especialista. Y completó: “115 millones serán recortados de la atención a la Primera Infancia, es decir a los niños y niñas de entre 0 y 4 años. La decisión resulta contradictoria en un gobierno que enunció como eje principal de campaña la lucha contra la disminución y prevención de la desnutrición infantil».

El año pasado, la ejecución presupuestaria de la SENNAF fue de apenas el 50%. Este año, transcurridos ocho meses y medio, lleva un 43 por ciento. Todo este recorte incumple la Ley Nacional 26.061 de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo artículo 72 dispone «la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”.

En el área de Niñez de ATE Capital remarcan la emergencia: «Desde diciembre de 2015 a la fecha, la SENNAF ha sido reconvertida en una cartera de gobierno que desarrolla programas focalizados para la primera infancia (a la que ahora le recortan presupuesto) y la temática de embarazo en la adolescencia no intencional, donde hoy prima más la lógica del implante dérmico para que las adolescentes no queden embarazas en lugar de promover la implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas y dispositivos donde concurran niñas, niños y adolescentes. Se ha corrido el eje de trabajar con los fondos federales y el fortalecimiento de la institucionalidad para que provincias y municipios tengan sistemas de protección de la niñez de calidad».

En tanto, en el área de Primera Infancia crece el protagonismo de la Fundación Conin, que preside Abel Albino y que también tuvo a cargo la capacitación al personal de la Secretaría. Gran parte de los convenios son subvencionados por préstamos internacionales como los del Banco Internacional de Desarrollo. «Se está tomando deuda para financiar proyectos que en la práctica significan una tercerización», enfatiza una fuente de la Secretaría consultada por Tiempo. Si bien el titular de la SENNAF es Gabriel Castelli, un ex Farmacity, quien la maneja en la práctica es el director nacional de Gestión y Desarrollo Institucional, Guillermo Badino –cercano a Mario Quintana y a Andrés Ibarra–, que viene de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, de donde fue removido por recortar pensiones por discapacidad. «