Grave situación de varados y migrantes venezolanos que quieren volver a su patria

Medio millar de venezolanos viven un calvario desde marzo, cuando se decretó el ASPO. Muchos son turistas que no pudieron regresar, otros son migrantes que perdieron la posibilidad de tener un ingreso y no califican para el IFE. Además, en la embajada no hay con quién hablar y la empresa aérea estatal venezolana no puede volar porque fue sancionada por EEUU.

(Foto: AFP)
30 de octubre de 2020

La situación de un puñado de turistas venezolanos varados en el país desde marzo pasado a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno argentino (ASPO) y de otros que vinieron en busca de oportunidades -que suman medio millar de personas- se complica cada día. Porque a la dismunicón drástica de trabajo por la pandemia y la imposibilidad de pagar un alquiler, se agrega que no encuentran la manera de regresar porque no tienen a quien recurrir en busca de algún tipo de ayuda y contención.

Como las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina no se regularizaron, “ambos países no tienen embajadores sino ministros consejeros o encargados de negocios -relata en un escrito Artureo Lev, profesor de historia, migrante venezolano, miembro de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la UTEP- a eso hay que sumarle que en plena cuarentena se le vencieron las credenciales al cuerpo diplomático venezolano que estaba anteriormente”.

El dato es que la misión diplomática encabezada por Stella Lugo de Montilla con la cónsul Katiuska Maestre, “no tuvo el reconocimiento inmediato del gobierno argentino”, es decir, sus credenciales fueron reconocidas por Cancillería argentina recién en julio y agosto pasados

En este contexto, los migrantes voluntarios u obligados por las circunstancias se encuentran en un limbo: no pueden volver, no tienen fuentes de ingreso y no pueden acceder a los planes de emergencia del gobierno argentino, como el IFE, porque dentro de los requisitos necesarios figura que deben ser argentinos nativos o naturalizados con más de dos años de residencia.

“Las personas en condición de refugiados y peticionantes de refugio están consideradas residentes temporarios -indica Lev- y por lo tanto, tienen autorización para residir en el país por el término de dos años. Y aunque esa permanencia podría ser prorrogable, esta categoría migratoria estaría en contradicción con el decreto de acceso al IFE”.

Por otro lado, muchos de los migrantes no tienen DNI argentino, solo cuentan con pasaporte o cédula de identidad del país de origen, conocido como “Precaria” (el documento previo a la entrega del DNI). “Esta traba la ocasionó la política regresiva de derechos aplicada por el gobierno de Mauricio Macri a través del DNU 70/2017, que endureció los controles migratorios, modificó la Ley de migraciones y aceleró la expulsión de migrantes”, resalta en docente.

Es así que que los migrantes acudieron a la embajada venezolana en Argentina para solicitar su incorporación al Plan Vuelta a la Patria, elaborado por el gobierno bolivariano. “Uno de los requisitos de acceso es el estado de vulnerabilidad económica, social y de salud del solicitante y su familia, por tal motivo es gratuito todo el proceso hasta la reinserción completa y segura en Venezuela”, aclara Lev.

Pero, los espacios aéreos aún están cerrados, y para concretar los “vuelos especiales de repatriación humanitaria”, chocan con la realidad de que la aerolínea estatal Conviasa fue sancionada por la Oficina de Relaciones de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, “es decir, unos 40 aviones civiles y comerciales de Conviasa no pueden volar a otros destinos del mundo que tengan convenio con esa oficina, de otra forma, los aeropuertos que reciban aviones de Conviasa también serían sancionados”, puntualiza.

El reclamo de este integrante del gremio de Trabajadores de la Economía Popular es que las autoridades encuentren los mecanismos “para que las aerolíneas privadas no se aprovechen de los varados y que no se les siga cobrando tarifas que ya han pagado en sus boletos. La propuesta apunta también a que se revisen con otras aerolíneas, venezolanas y argentinas, para establecer un puente aéreo humanitario entre ambos países en beneficio de las y los varados y migrantes que desean ser retornados a su país de origen.”

Porque una gran dificultad es que las familias que quieren ser repatriadas sobreviven en condiciones lamentables y “no tienen el dinero suficiente para pagarse un boleto de avión de regreso, la prueba PCR, la tarifa aeroportuaria ni el alojamiento en dólares que les recomiendan desde la embajada venezolana, a pesar de que está en Caracas la Misión “Negra Hipólita” con centros para pasar la cuarentena, lo cual es gratuito”.

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