No van por los dirigentes, van por el modelo sindical, la frase se repite en los pasillos de los sindicatos y en cada off the record. Los dirigentes sindicales no parecen tener dudas que el Gobierno, las corporaciones y el Poder Judicial eligieron como enemigos a los trabajadores y el fuego contra los es tan sólo parte de la estrategia.
Para la CGT, en su conjunto y tal cual lo dejó expresado en un comunicado de prensa, la intervención del gremio que agrupa a los canillitas y que conduce Omar Plaini es un ataque a la institucionalidad sindical.
En el mismo comunicado y en la misma línea la CGT sostiene que es una excusa que esconde tras de sí objetivos políticos y, especialmente, persecución gremial por parte del gobierno nacional.
Luego de que la Gendarmería ejecutara la orden del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, ya suman cinco los gremios intervenidos desde el cambio de Gobierno. El caso más resonante, sin dudas, es el del SOMU que tiene como protagonista a Omar el Caballo Suárez, pero además el ministerio de Trabajo avanzó con el mismo procedimiento en el sindicato de azucareros de Jujuy, los judiciales de Mendoza y los vigiladores privados. En este último caso el interventor designado es Rodolfo Alonso, un hombre de Enrique El Coti Nosiglia.
En un relato que intenta recrear el clima de época, o que intenta enhebrar como le gusta decir a los abogados- una serie de indicios graves y concordantes, los dirigentes sindicales suman a las intervenciones los allanamientos sufridos tanto por el gremio de Camioneros como por la obra social de los gastronómicos en los últimos meses.
El análisis de los sindicalista, en este caso, coinciden con lo expresado públicamente por distintos especialistas en Ciencias Sociales y políticas que aseguran que el trabajador no es un sujeto de referencia política para el Gobierno de Cambiemos por el simple hecho de que se impulsa la precarización laboral.
En ese orden el discurso del Gobierno que denuncia mafias laborales se alinea con el pedido de los empresarios para que se reduzcan con los costos laborales y la política implementada por las multinacionales de capitales norteamericanos, como Walmart y PepsiCo, que apuestan a la flexibilización laboral y al convenio por empresa.
Ante este escenario la CGT anunció que al entender que la intervención es una ataque al modelo de representatividad de los trabajadores argentinos realizará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo.
En el mismo sentido, pero en el plano partidario, los diputados nacionales Héctor Recalde, presidente del bloque FpVPJ, y Abel Furlán, vicepresidente de la comisión de Legislación del Trabajo, ampliaron la denuncia que habían realizado el 6 de junio ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el gobierno de Mauricio Macri, por sus actos y expresiones de interferencia indebida al Poder Judicial.
En tanto, desde el Instituto Patria señalaron que el Gobierno busca generar un escenario propicio para una reforma laboral. Mediante un comunicado el espacio que conduce Cristina Fernández de Kirchner advirtió que Se trata de una clara persecución política a través de la Justicia, que parece obedecer a un gobierno que pone en la mira a los derechos de los trabajadores, golpeando también a quienes deben bregar por su defensa.
Además desde el Instituto Patria señalaron que la violación a la libertad sindical y la persecución a jueces y abogados laboralistas busca crear las condiciones para una profunda reforma laboral que tiene por objeto cercenar los derechos de los trabajadores garantizados, restituidos y ampliados en la última década.
