La ley votada en diciembre pasado por el oficialismo y parte de la oposición sirvió para consolidar el Impuesto a las Ganancias. Según el último Informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registra el Ministerio de Trabajo, el salario promedio bruto del sector privado en enero de 2017 alcanzó los 23.210 pesos.
De acuerdo con la nueva ley, el mínimo no imponible se ubicará en los 27.941 pesos brutos. Se trata de un 20% más que el salario promedio establecido por el SIPA, con lo cual, si el aumento promedio se ubicara en ese valor, el salario promedio privado en blanco pasará el umbral de Ganancias.
Si bien ese mínimo no imponible rige para la categoría hipotética del trabajador que no puede descontar hijos ni familiares a cargo y la nueva ley permite, además, desgravar parte de los alquileres y cuotas de créditos hipotecarios, la mayoría de los sindicatos está reclamando ajustes salariales del orden del 25% e incluso de hasta el 35% por la pérdida del poder adquisitivo sufrida durante 2016.
La cifra coincide con la inflación que estiman las consultoras privadas y el FMI, que pronostica una suba del 25,6 por ciento. Los acuerdos que se han cerrado por debajo de ese porcentaje, en general, incluyen cláusulas de actualización que deberían llevarlo a ese valor. La situación solo podrá agravarse en el futuro ya que el mínimo no imponible ahora se actualizará a fin de año en relación con el índice de variación de los salarios o la recaudación, el que sea menor.
Para Ariel Setton, economista de la UBA y del Plan Fénix, «un millón de personas aportaban con el decreto de exención de 2013. Cuando no se renovó pasaron a ser 1,4 millones. Con la ley, es esperable que, con un incremento del salario del orden del 22%, sean alcanzados unos 150 o 200 mil trabajadores más». En solo dos años el impuesto llegará a un 60% más, calculó.
Según Pablo Heller, economista de la UBA y asesor del bloque parlamentario del FIT-PO, «con un incremento de salarios del 24% van a ingresar unos 400 mil trabajadores más. Hoy se recaudan $ 107 mil millones por ese concepto que va a crecer, en términos reales, de un 10 a un 15 por ciento».
Para Heller, «con el argumento del déficit fiscal hay una enorme intransigencia con el salario que no se aplica al capital financiero. Gran parte de los que blanquearon no pagarán porque no la tienen en forma personal sino en sociedades afuera que quedan exceptuadas de Ganancias y bienes personales. Hay, holgadamente, fuentes alternativas para cubrir esos $ 107 mil millones, las exenciones en ganancias superan a los $ 300 mil millones».
Así las cosas, el debate por Ganancias ya comienza a colarse en las paritarias. El lunes pasado, los gremios del transporte mantuvieron una reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el titular de la AFIP, Alberto Abad, para plantear una suba del 25% en los salarios y un cambio en la ley de Ganancias. Motivado por el intento de desarticular la unidad de acción de la CGT, el gobierno se ha mostrado dispuesto a revisar la ley que votó hace apenas cinco meses en favor. La consecuencia es que se reanimó la discusión.
Mario Calegari, secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), señaló a este diario: «Es un pedido que venimos haciendo desde el gobierno de Cristina y no hemos sido escuchados. Este gobierno tampoco nos escuchó. Estamos obligados a trabajar feriados nacionales y lo hacemos para pagar el impuesto. Es injusto. El trabajador no puede elegir no trabajar un feriado o no hacer horas extra porque recorre tramos largos de hasta 24 horas».
Calegari confirmó que, «más allá de las horas extra, ahora va a alcanzar a prácticamente todos los empleados del transporte. De básico tenemos 21 mil pesos, además un 1,5% de antigüedad con un promedio de diez años. Van a entrar muchos compañeros».
Otras paritarias se encuentran en pleno proceso de discusión. La UOM, por caso, ya ha lanzado un plan de lucha reclamando un aumento del 30 por ciento. Federico Navarro, delegado general de la comisión interna de Aluar Puerto Madryn, señaló a Tiempo que «la UOM está muy polarizada. El 90% tiene salarios de convenio que están por debajo de la línea de pobreza, pero nosotros estamos en el 10% restante. En Aluar estamos afectados por el impuesto desde 2005. En 2007 se generalizó con descuentos de hasta 8000 pesos. La modificación de la ley alivianó a los que más se les retenía pero entraron los que no pagaban, ahora paga toda la fábrica, somos 1200. Pensamos que no corresponde el impuesto al salario, por eso en las paritarias siempre pedimos que lo absorba de alguna manera la empresa y reconozca parte de ese impuesto. Lo volveremos a hacer este año». «
