Erika Guevara Rosas es abogada de derechos humanos, activista feminista y Directora para las Américas de Amnistía Internacional. Es quien dirige el trabajo de derechos humanos de la organización en el continente. En su trayectoria se repiten las palabras mujeres, migrantes, migración forzada, justicia de género, derechos sexuales y reproductivos. «Argentina es parte del ambiente regresivo en materia de derechos humanos. Lamentamos que a un año y medio de un nuevo gobierno, encabezado por el presidente (Mauricio) Macri, aún no conocemos un plan de derechos humanos consolidado y que sea el centro de la prioridad del estado, sino todo lo contrario», opinó en una entrevista realizada al finalizar una conferencia de prensa en la sede local de Amnistía Internacional en la ciudad de Buenos Aires.
«Escuchamos algunas retóricas regresivas en materia de derecho a la justicia, la verdad y la reparación que ha sido una bandera emblemática de la lucha por los DD.HH en Argentina», remarcó. Y siguió: «Hay una deuda histórica pendiente en materia de ejercicio de derecho de las mujeres, con una violencia de genero desproporcional, donde la respuesta ha sido limitada, una respuesta legislativa institucional que no se ha traducido en el cambio de vida de las mujeres y niñas en el país, donde también se violentan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de manera sistemática, donde las mujeres no tienen acceso a decidir sobre sus propios cuerpos, ni tienen acceso al derecho al aborto legal y seguro. Un país que se encuentra inmerso en una retórica de odio en el que se hacen reformas en términos legislativos sobre temas migratorios, con un decreto de urgencia y necesidad (NDR: DNU 70/2017) se reforma una de las leyes más progresistas en toda la región en materia de derechos de personas en movilidad, de personas migrantes. Y nos preocupa, dadas las características de la región, que Argentina que siempre ha tenido una apertura para la llegada de personas en movimiento, ahora se empiezan a restringir estos derechos».
-¿Cómo entienden la detención de Milagro Sala ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia avale su detención después de haber emitido el llamado fallo Fontevechia (que no reconoce como obligatorios los fallos de la CIDH) y se deba acudir a una instancia internacional?
-Lamentablemente la tendencia regresiva en materia de DD.HH también se manifiesta en esta intolerancia a la crítica de los Estados y la intolerancia a los organismos internacionales. Argentina no es el caso único. Es una tendencia que empieza a ocupar en la región con respecto a las respuestas al sistema interamericano de derechos humanos, en donde las resoluciones de la CIDH no se implementan o la implementación es tardía para la reparación de las víctimas. Este fallo de la Corte argentina para desconocer los fallos de la Corte Interamericana o para no hacerlos parte de la jurisprudencia como debería pasar en la mayoría de los Estados, es una alerta grave. Es ejemplo emblemático de ese ambiente regresivo en el que las personas se ven sujetas a un uso indebido del sistema de justicia, como es el caso de Milagro Sala, donde hay claramente una detención arbitraria dicho por distintos organismos internacionales, pero no pasa nada. Si la decisión (de la Corte Suprema) es que siga la prisión preventiva pues pocas instancias tendrá la defensa de Milagro Sala para reparar el daño que se ha hecho a su derecho al debido proceso y a un juicio justo.
-Amnistía acompañó junto a otros organismos el pedido ante el GTDA de la ONU que dictaminó que la detención de la líder de la Tupac Amaru era arbitraria y sin embargo el Estado no cumple con ese pedido de libertad. ¿Qué acciones llevará a cabo Amnistía para exigir el cumplimiento?
-Amnistía Internacional no es una organización de litigio sino que nosotros acompañamos procesos y demandas que pudieran hacer organizaciones de derechos humanos litigantes. Pero en lo que mayormente contribuimos es en generar un trabajo de incidencia y presión internacional sobre determinados procesos. Lo que se conoce de nosotros es que hacemos informes, investigaciones y campañas, pero lo que poco se conoce es que somos 7 millones de personas que alrededor del mundo que estamos comprometidas por una agenda de derechos humanos. Entonces nuestros grupos de apoyo, nuestros activistas en distintas partes del mundo hacen campaña por los casos. Amnistía Internacional emitió una acción urgente denunciando la detención arbitraria de Milagro Sala exigiendo a las autoridades su liberación. En ese sentido continuaremos con nuestra campaña global para presionar al estado a que de cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.
-En la conferencia usó la palabra «cinismo» para definir las posturas de los representantes de los Estados al hablar de derechos humanos en la OEA. ¿Dónde puede advertir ese cinismo en las autoridades Argentinas?
-Hay un cierto cinismo en la retórica del gobierno actual precisamente porque no se ha puesto la política de derechos humanos en primera plana. Existen algunas retóricas de autoridades de alto nivel que empiezan cuestionar toda la agenda de justicia, verdad y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura, y después ciertas otras autoridades dicen que eso no representa a la posición del gobierno pero no sancionan a quienes públicamente y representando al gobierno hacen esos cuestionamientos. Por otro lado, existen el decreto de emergencia y necesidad que hace una reforma legislativa en la que no participa el congreso y en donde se hacen cambios sustanciales que pueden menoscabar los derechos humanos de muchas personas que ya están residiendo en argentina o que pueden llegar por necesidades de protección internacional. Y cuando se enfrenta a las autoridades nos encontramos con esta retórica de que se trata de temas de unidad fronteriza cuando en realidad no vemos que haya una política clara de cómo salvaguardar las fronteras pero si de expulsar personas que ya viven en el territorio. Ese es el nivel de cinismo: por un lado una respuesta simplista a un problema complejo, como es decir que con un decreto vamos a solucionar el problema del narcotráfico, cuando en realidad lo que se busca es afectar a población que ya se encuentra vulnerada en sus derechos.
-¿Cómo encaja en este proceso el fallo Muiña de la Corte Suprema que benefició con el 2×1 a los condenados por delitos de lesa humanidad?
-Fue un fallo muy preocupante, emblemático de lo que pasa en la región. Pero particularmente en Argentina, que es un país conocido por sus modelos progresistas de avances en materia del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que no son del todo suficientes, pero que son muy importantes y sirven de referencia al resto de los países. Entonces un fallo como ese en un sistema de justicia que pareciera no independiente, genera muchisisíma preocupación. Además con un Poder Ejecutivo que se quiere deslindar de responsabilidades, cuando debiera hacer valer las normas de derecho internacional referente a crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el país. Entonces, dicen «respetamos la independencia» cuando en realidad no es así, porque esa neutralidad que no debe existir en un gobierno que respeta los derechos humanos. Eso termina fomentando esta dependencia del Poder Judicial a posturas que puedan ser antiderechos.
-Considera que este retroceso en Argentina tiene que ver con la protección de los poderes económicos y la crisis económica?
-No se pueden separar las cosas. Hay una crisis económica que se traduce en una vulneración de los derechos humanos, culturales y sociales de las grandes mayorías. Una crisis que termina fortaleciendo el poder económico de una minoría poblacional que se empieza a traducir en poder político, porque son las multinacionales que haciendo uso del poder económico terminan corrompiendo las instituciones del Estado.
