¿Hay una democracia fallida en Venezuela? Esa es la línea argumental esgrimida desde el Departamento de Estado de EE UU y todos los halcones del gobierno de Donald Trump, seguida con notable obediencia por el temporalmente resucitado Grupo de Lima, la cúpula de la OEA, la dirigencia de la Unión Europea y un conjunto de naciones, no absolutamente mayoritaria, como se vio en la última votación del Consejo de DD HH de la ONU (22 votos afirmativos, 22 abstenciones y tres en contra), pero influyentes como para inclinar el tablero.
El informe Bachelet señala, entre otros, arbitrariedades en la Justicia, violencia y ejecuciones por parte de la policía, persecuciones a opositores reflejadas en demandas judiciales que en muchos casos acaban con prisión efectiva. Esto en medio de una profunda crisis económica y social, con la pobreza en estado crítico, problemas de acceso a insumos básicos y la inflación en niveles astronómicos. Elementos también señalados en el informe de la alta comisionada como parte del problema.
Son hechos que analizados en forma aislada pueden ser ciertos, o lo son relativamente, en un todo o en parte. Sin embargo, la razón por la cual 22 Estados del mundo prefirieron abstenerse y tres votar en contra de la condena (uno es Venezuela) debe tener que ver con que esos graves problemas no se manifiestan en un sistema idealizado donde todos los actores ejercen su compromiso ciudadano de construir la república y donde el gobierno un día resolvió someter a su pueblo a una dictadura de hambre y fuego.
La eventual falta de una democracia plena se debe, posiblemente, a un sesgo autoritario del gobierno de Nicolás Maduro, pero también a la prepotencia con que se han manejado la oposición política y el poder económico, desde que existe el chavismo y con mayor virulencia desde la muerte de Hugo Chávez en 2013. Como bien dijo un colega de este medio en un reciente análisis, no se trata de una lucha de autoritarios contra democráticos. Parte de esa oposición viene promoviendo boicots ya no al gobierno sino al país, con su único afán de erradicar al chavismo de Miraflores, sin medir consecuencias ni métodos. Alentaron y celebraron sanciones económicas que atentan contra el desarrollo. Según estimaciones de la economista oficialista Pascualina Curcio, “solo entre 2016 y 2019 han tenido un impacto económico de 194 mil millones de dólares”, esto es casi cinco préstamos del FMI a Macri. “Alrededor de 25 mil corresponden al bloqueo financiero y robo de nuestros activos en el exterior, una parte de esos 25 mil, alrededor de 6000 millones de dólares, están retenidos en el sistema financiero internacional”.
La oposición incentivó la instalación de escenarios de violencia en los que hubo muertos no solo por represión policial, también por la acción de mercenarios y de inconscientes enardecidos por el odio. De hecho, muchos de los detenidos recibieron condenas por “incitación a la violencia pública”. Algunos de ellos se fugaron cuando se les otorgó la prisión domiciliaria, como Leopoldo López y Antonio Ledezma.
El gobierno de los EE UU, principal aliado opositor, inyecta millones de dólares a través de supuestas acciones humanitarias de USAID, recursos para sostener al autoproclamado Juan Guaidó, algo que ya reconocen como un fracaso y operaciones militares en las fronteras y frente a las costas nacionales del Comando Sur. Es decir que al asedio económico se suma el militar y la permanente amenaza de intervención.
En los últimos tiempos hubo al menos un intento de magnicidio con un dron y un fallido golpe de Estado. En este último, se vio a los dirigentes opositores abrazando a los insurrectos. En 2019 la Asamblea Nacional de mayoría opositora sancionó una ley que absolvía por anticipado de culpa a los militares que se sublevaran contra el presidente. Es la oposición la que no se presentó a las elecciones presidenciales de 2018 con la intención de deslegitimarlas, luego de levantarse unilateralmente de una mesa que buscaba acordar puntos vitales para pacificar el país. Luego las calificaron de fraudulentas.
Es claro que para alcanzar una democracia con cumplimiento absoluto de los DD HH, al gobierno le tocará entre otras tareas colaborar con la misión de la ONU, frenar los abusos de sus fuerzas, garantizar el derecho a la defensa y continuar en la línea (equivocada o no, no está en el alcance de esta nota evaluarlo) de la asistencia social y la recuperación económica. Pero a la oposición política y al poder económico les toca hacer su parte. Y al mundo, propugnar el cese del bloqueo.
