Los trabajadores del Bauen denuncian parcialidad del gobierno en su orden de desalojo

Hace ya 16 años que el hotel funciona gestionado por sus trabajadores, después de que en 2001 los dueños decidieran cerrarlo y dejar a todos los trabajadores en la calle.
(Foto: Eduardo Sarapura)
5 de Junio de 2019

Los trabajadores del Hotel Bauen fueron citados a una audiencia que se realizará el 25 de julio en el juzgado comercial N°9, a cargo de la abogada Paula Hualde, donde deberán argumentar, una vez más, la legitimidad del reclamo por la expropiación del inmueble, en contra de un nuevo avance judicial por parte de los ex dueños, la familia Iurcovich.

Luego de que en diciembre de 2016 Mauricio Macri vetara la ley que establecía la expropiación del edificio a sus dueños para que administrado por la cooperativa que los trabajadores fundaron hace 16 años, un fallo de la Corte Suprema a fines del año pasado los dejó al borde del desalojo.

El pasado 28 de diciembre, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por los empleados de la Cooperativa para continuar con sus tareas. “Seguramente nos comuniquen una vez más que debemos dejar el hotel, pero la lucha continúa” afirman los trabajadores. “Estamos muy curtidos en estos 16 años, ni habiendo sacado la ley pudimos solucionar esto”.

El martes, por una orden de la doctora Hualde, la Agencia Gubernamental de Control realizó una inspección de las instalaciones del hotel: durante las seis horas que duró el operativo, si bien gran parte de la documentación requerida estaba en orden, los funcionarios dijeron haber encontrado algunos espacios que no presentaban las condiciones necesarias para sortear la inspección.

Sin embargo, los trabajadores denuncian que hay una clara parcialidad por parte del gobierno porteño: el director ejecutivo de la AGC está casado con la apoderada de Mercoteles SA, la empresa que está detrás del reclamo de desalojo de la cooperativa.

El conflicto comenzó a principios de la década del 2000, tras la quiebra de Solari S.A, firma que gestionó el hotel y dejó a los empleados en la calle. En 2003, los trabajadores constituyeron la cooperativa al mismo tiempo que la empresa Mercoteles apareció como compradora del emprendimiento, algo que la Justicia validó y la llevó a ordenar el desalojo.

Luego de varios cruces judiciales, el Congreso tomó el caso y sancionó el proyecto de expropiación del edificio, lo que convertía a la cooperativa en la propietaria del inmueble. Sin embargo, la norma fue vetada por o Macri, que retrotrajo todo a la causa abierta en la que se había dictado el desalojo del hotel. Acto seguido, la cooperativa decidió presentar un nuevo proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, que se encuentra en tratamiento.

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