Hoy; por Gastón Chillier

Columna de opinión.

Hace cuatro meses, el 29 de noviembre de 2017, en un pasillo de los tribunales de Comodoro Py, Isabel y Mercedes Mignone dijeron: "Por fin llegamos a este día, después de más 30 años de democracia, por el cual nuestros padres lucharon tanto". Hacía pocos minutos que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 había condenado a 29 imputados por los crímenes cometidos en la ESMA, entre ellos la desaparición de Mónica Mignone y el Grupo del Bajo Flores. Desde el 14 de mayo de 1976, cuando su hija fue secuestrada, Emilio y Chela Mignone se dedicaron a buscarla. Primero hicieron innumerables gestiones ante autoridades eclesiásticas, militares y judiciales. Posteriormente, junto con otros familiares, armaron una organización –el Centro de Estudios Legales y Sociales– para luchar por los Derechos Humanos en dictadura, y luego, en democracia.

Por la desaparición de Mónica y sus compañeros/as hubo justicia después de más de 40 años, como resultado de un proceso laborioso e histórico que distingue a la Argentina en el mundo: desde el Juicio a las Juntas hasta nuestros días, cientos de miles de personas han reclamado, se han organizado y han trabajado, en diversos lugares –las plazas, los tribunales, los archivos, las universidades, los medios de comunicación– para que en nuestro país no haya impunidad por el terrorismo de Estado.

Como lo relatan las notas que integran este suplemento, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia tiene múltiples aristas y capas que requieren un compromiso activo de todos los poderes del Estado. Las investigaciones sobre lo ocurrido –incluida la responsabilidad de los actores civiles–, el acceso a la información en poder del Estado, la investigación y la sanción cuando corresponde, la búsqueda activa y sistemática de quienes fueron secuestrados siendo niños/as y aún no conocen su identidad exigen políticas públicas comprometidas con la Verdad y la Justicia.

Cada 24 de Marzo, miles nos encontramos en las calles para manifestar el amplio consenso de nuestra sociedad con ese proceso. Hoy, no se trata únicamente de un gesto respecto del pasado sino del compromiso con la defensa y la protección de los principios de Derechos Humanos y de los acuerdos básicos de nuestra democracia. «

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