En la mañana del 13 de diciembre de 2019, apenas tres días después de haber iniciado mi mandato como legisladora, un grupo de diputadas decidimos realizar una pequeña reunión con el cabildeo de CABA de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y militantes históricas del feminismo como la querida Nelly Minyersky. Nos encontramos en el Salón Jauretche de la Legislatura, que poco a poco nos fue quedando chico debido a una convocatoria inesperada, pero que felizmente anticipaba que se venían cosas buenas.

El 18 de febrero, gracias a una tarea transversal de legisladoras y legisladores de todos los bloques políticos, logramos presentar con 42 firmas el proyecto de ley impulsado por la Campaña, que establecía la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación (Resolución 1/2019).

Que se haya votado ese proyecto sobre tablas, después de haber hecho tan sólo una reunión informativa, sin tratamiento en la Comisión de Salud ni en la de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud (la cual hoy me toca presidir), llevando el debate directamente al recinto y logrando su aprobación con un consenso incluso mayor al alcanzado entonces nos obliga a mencionar algunos acontecimientos como Ni Una Menos, la marea verde y el debate nacional por el aborto legal, la lucha de los feminismos y por los derechos de las personas LGTBIQ+, que marcaron un camino en la disputa por la ampliación de derechos, generando conciencia y permitiendo que hoy hayamos alcanzado los acuerdos necesarios para decir que la ILE es ley en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero vamos por más. Vamos por la soberanía sobre nuestros cuerpos. Los países que legalizaron el aborto con Educación Sexual Integral y acceso a anticonceptivos, llevaron a cero las muertes de personas gestantes y bajaron la cantidad de abortos que se realizan. Por eso tenemos que seguir ampliando el acceso a la Educación Sexual Integral para que se garantice en todas las escuelas públicas y privadas desde el nivel inicial, pasando por el primario y el secundario hasta el terciario, incluyendo a las universidades y también a la educación no formal, que se realiza en clubes y centros culturales.

Además, debemos garantizar, a través de los CeSAC y las promotoras de salud de los barrios populares, el acceso a los anticonceptivos y a los métodos de barrera para cuidarse de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual. Sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria donde muchas mujeres están conviviendo con sus agresores con mayores posibilidades de sufrir abusos.

La Ciudad de Buenos Aires fue pionera en materia de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos y si bien la cantidad de interrupciones legales del embarazo aumentaron, según cifras oficiales, cien veces en los últimos cinco años, la adhesión al protocolo nacional les brinda a los profesionales de la salud el respaldo de la solidez de una ley y a las mujeres y personas gestantes, un amparo legal en relación con un derecho.

Lo que estamos viviendo es histórico, un triunfo muy importante de la lucha feminista, un homenaje a aquellas niñas y adolescentes que han sufrido la tortura de tener que parir embarazos no deseados, a las niñas y niños que se quedaron sin madre y a todas las mujeres víctimas de abortos clandestinos y violencia obstétrica. Pero también va dedicado a las mujeres del feminismo popular, como nuestra compañera Bety Quispe (a quien perdimos hace algunas semanas),  a las promotoras de los barrios, a las que están en las consejerías de género  acompañando, peleándole al perejil y a la percha, al aborto clandestino que se lleva la vida de las mujeres más pobres y más jóvenes en la Argentina.

Pero también es fruto de la lucha que con gran dedicación viene llevando adelante la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que ha sido impulsora de garantizar este derecho; el Parlamento de las Mujeres, las y los docentes que trabajan por la ESI y los y las profesionales de la salud que están comprometidos con los derechos de las mujeres y personas gestantes. Es un logro colectivo que nos fortalece para lograr que este año el aborto legal, seguro y gratuito sea ley en nuestro país.