Imputan a Cavalieri por el desvío de 50 millones de pesos de la obra social

El secretario General del sindicato de Comercio será llamado a indagatoria. Está investigado por el pago de prestaciones irregulares.
20 de marzo de 2018

El histórico dirigente del sindicato de Comercio, el gremio con más afiliados de la Argentina, Armando Cavalieri, fue imputado por defraudación y administración fraudulenta debido a supuestas maniobras irregulares, en el marco de la causa de la financiera Cordubensis (CBI).

El gremialista, por estas horas aliado del oficialismo, que además preside la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) fue imputado junto a Carlos Alfredo Bélz, Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto, José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, ordenó el miércoles pasado un allanamiento a la sede central de Osecac, en Moreno 648, Capital Federal.

Las imputaciones surgieron a partir del allanamiento realizado por orden de Vaca Narvaja el pasado miércoles en la sede porteña de OSECAC, para determinar la relación de Cavalieri y el resto de los miembros de la comisión directiva con cheques destinados al pago de prestaciones irregulares en la provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.

Según informaron fuentes judiciales de la investigación surge que los pagos de los tratamientos irregulares habían sido cobrados en Córdoba por Javier Guevara Amado, contador del empresario Euclides Bugliotti, a través de la mesa de dinero que funcionaba en la financiera CBI Cordubensis, y los cheques habrían sido depositados en cuentas fantasma de Halabo S.A. y Jotemi S.A. en la sucursal Córdoba del Banco Nación.

También fueron imputados como partícipes necesarios Bruno Rodolfo Cricco, Alejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez, Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez

De acuerdo con la investigación a cargo del fiscal Enrique Senestrari, para realizar las maniobras los imputados utilizaron empresas creadas por terceros no identificados para actuar como prestadores de salud y funcionar como intermediarios en el sistema de OSECAC, por lo que se sospecha que se habría pagado a supuestos prestadores prácticas que no se habrían realizado.

Según la investigación, la defraudación de las maniobras realizadas entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 superaría los 53 millones de pesos, aunque resta determinar el monto total de las supuestas operaciones ilegales.

La causa por la financiera CBI estalló el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la dudosa muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, ocurrida un día antes en circunstancias aún no aclaradas por la Justicia.

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