Imputan a legisladores del FIT mendocino por participar del paro del 6 de abril

Los diputados responsabilizan al gobierno provincial de Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos) cuyos funcionarios ya habían adelantado la ofensiva judicial y el pedido de desafuero de los legisladores.
1 de Junio de 2017

La jornada de paro nacional del 6 de abril en Mendoza tuvo un carácter activo. Es que, tanto la CTA como la CGT regional decidieron organizar una jornada conjunta con movilizaciones y actos callejeros. 

De esas manifestaciones participaron, junto con centenares de personas y decenas de  dirigentes sindicales, los legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores de la provincia que tiene una significativa representación parlamentaria tanto a nivel de los Concejos locales como en las Cámaras de diputados y Senadores a nivel provincial. Por esa provincia, además, el Frente de Izquierda y los Trabajadores tiene representación en el Congreso Nacional a través de la diputada Soledad Sosa  y, antes, de Nicolás Del Caño. 

Durante el corte realizado en la intersección de las avenidas Colón y San Martín se hizo presente el fiscal Mauricio Juan acompañado de la fuerza de infantería anunciando allí mismo que procederían a la aplicación del art. 194 del Código penal dictado por el gobierno de Juan Carlos Onganía para imputar a los dirigentes allí presentes.

Finalmente, casi dos meses después de los hechos, la fiscal Gabriela García Cobos imputó a los legisladores Héctor Fresina, Lautaro Jiménez y Víctor da Vila por "impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra". La imputación alcanza también a la dirigente de la CTA mendocina Raquel Blas, y los dirigentes sindicales Guillermo Martínez Agüero de ATE y CTA Autónoma y Jorge Chávez, entre otros .

Soledad Sosa, diputada nacional por el FIT y secretaria adjunta de la CTA Mendoza, explicó a Tiempo que “es una persecución política al Frente de Izquierda que está cumpliendo con un mandato popular. Los legisladores plantearon en las elecciones que acompañarían las luchas en las calles y las potenciarían dentro de las legislaturas. Para eso fueron votados y electos. Eso es lo que el gobernador Cornejo, que es un gobierno del ajuste y el endeudamiento, quiere evitar. Es un salto en calidad en la criminalización de la protesta”. Señaló.

Pero además, continuó, “es un mensaje a toda la población que se moviliza contra el ajuste. A un pueblo que se ha levantado con cortes de ruta logrando leyes populares contra la mega minería. Está enmarcado en una línea de intentar disciplinar al conjunto de las expresiones callejeras por vivienda, por trabajo, contra la violencia de género y en defensa de los bienes comunes.”

Por último, Sosa destacó que “es un acto de discriminación enorme porque el mismo gobernador estuvo cortando el kilómetro 0 de la provincia cuando fue la muerte del fiscal Nisman. Con en el conflicto con el campo se vio a los intendentes radicales cortando las rutas contra la 125. También hubo funcionarios del gobierno en la calle el 1º de abril apoyando a Macri. Nos quieren desaforar para callar a la izquierda”. concluyó.

Esta nota fue posible gracias al apoyo de nuestros lectores.

Su aporte nos permite hacer periodismo sin condicionamientos. El sueño de un medio libre no es solo nuestro.

SEAMOS SOCIOS