Indemnizaciones: con el Fondo de Cese Laboral podrían bajar a un 40%

Como si fuera una AFJP, podrán especular con los depósitos de los trabajadores.
25 de Noviembre de 2017

Uno de los puntos de la reforma laboral que ha quedado indemne en el proyecto luego de la negociación con la CGT es el que habilita la incorporación en los convenios sectoriales del denominado Fondo de Cese Laboral. Se trata de un mecanismo que apunta a que la indemnización del trabajador se financie durante el período de actividad a través de un fondo creado a tal efecto.

Así, las patronales podrían disponer la cesantía sin pagar costo alguno realizando un aporte mensual que será recepcionado por el empleado una vez que se interrumpa la relación laboral bajo la forma de un pago único o en cuotas.

Uno de los puntos que sí retiró el gobierno del borrador original es el que establecía la modificación del concepto de trabajo según rige en la actual Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo el propio ministro Triaca, luego de la negociación, aseguró que "el espíritu de la ley se conservó."

El Fondo parece darle la razón toda vez que, a través del pago de una suerte de seguro, las patronales transforman el vínculo laboral en una relación de "cooperación" entre privados, tal como pretendían instaurar con la modificación conceptual.

Explícitamente el proyecto se inspira en la experiencia del sector de la Construcción que cuenta con un sistema denominado Fondo de Desempleo y que ha servido para blanquear la inestabilidad laboral de un sector con alta rotación y abaratar los despidos.

Allí existe un fondo que se nutre de un aporte de la empresa del 12% de cada salario básico el primer año, y el 8% a partir del segundo año, sin tomar en cuenta horas extra, aguinaldo, ni cifras no remunerativas que constituyen el denominado salario conformado.

Víctor Grossi, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), explicó a Tiempo que "nuestros asesores calculan que, por ese motivo, cobramos un 40% de lo que correspondería si estuviéramos por Ley de Contrato de Trabajo. La primera ley que eliminó la indemnización en el sector la aceptó Rogelio Coria en 1967. Allí no se disolvía la relación laboral hasta que se efectivizara el pago al trabajador. En 1980 la reformaron y anularon ese derecho que quedaba. Hoy, si la empresa no paga, el trabajador tiene que litigar en la Justicia. El fondo lo controlan la Cámara, la UOCRA y el Colegio de Arquitectos, que reciben un 2,5% del monto total para su propio funcionamiento".

Con todo, Marina Salzmann, especialista en empleo de la consultora Atenea, explicó a Tiempo que establecer cuánto se afectarán las indemnizaciones es difícil porque "en la letra de la ley se deja el tema abierto a los acuerdos sectoriales. Lo que ocurre es que el empleador se desliga de su responsabilidad generando una mayor situación de inestabilidad".

De todas formas, Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción declaró entusiasta que "el fondo se implementó en nuestra actividad hace más de cuatro décadas y es algo que se puede trasladar al resto de los sectores. Con este sistema va a costar menos despedir a alguien".

Un dirigente de las pymes metalúrgicas (Camime) reconoció a este diario que "hay consenso para abaratar los despidos. La idea es buscar una forma de que el trabajador cobre lo que debe por ley pero sin que las empresas se fundan. Por eso hay consenso en la creación de ese fondo. La reforma laboral de Brasil nos va a afectar mucho y tenemos que ser ingeniosos".

Además, Salzmann, explica que "el proyecto habilita que el instituto a donde irían los fondos capitalice (como hacían las AFJP), los depósitos de los trabajadores que decidan cobrar en cuotas". Por otra parte, la especialista señala que "es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis que ordena proteger al trabajador. La indemnización es la forma actual de protección. Deja una puerta abierta a la imprevisibilidad judicial", pronosticó. «

La UIA reclama que la extensión de la edad jubilatoria sea consensuada

La medida impulsada por el gobierno como parte de la reforma previsional apunta a reducir la presión sobre los fondos de la Anses haciendo optativa la postergación de la jubilación hasta los 70 años.
Recién a partir de esa fecha las patronales podrían intimar a que se de comienzo al trámite de retiro.

Esa opción no estará disponible para los empleados públicos. Referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su oposición toda vez que creen que, en beneficio del Estado, deberán cargar con el sostenimiento de una relación laboral que por sus características es más onerosa.

Jorge Sorabilla, presidente de ProTejer y vicepresidente de UIA explicó a Tiempo que "avanzar con eso es cambiar las reglas del juego. Los derechos de las personas son las obligaciones de la empresa", disparó.

Luego, continuó señalando que "a una edad crítica de 65 años, la persona en relación de dependencia tendría que tener la oportunidad de elegir y la empresa la chance de aprobar esa continuidad. Que sea por consenso y no una herramienta unilateral. ¿Si por razones de costos es preferible tomar a un trabajador joven que seguir en relación con un trabajador que tiene cierta antigüedad? Puede ser. En tiempos de transformación productiva no es lo mismo tener una planilla que se rige por la unilateralidad, eso altera todo", se lamentó.
Un golpe a la reforma oficial desde el frente patronal. «

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