Lejos de tomarse un descanso veraniego, los precios prometen agregarle su cuota de calor al verano de 2017. No por sorpresivos, los nuevos valores de varios bienes y servicios de consumo masivo le plantearán su batalla al desafío que se propone el gobierno de reducir la inflación.

El aumento de las naftas pica en punta en el almanaque. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya lo consensuó con los directivos del sector petrolero. Aunque nadie lo dijo oficialmente, es un secreto a voces que los combustibles aumentarán un 8% en la segunda semana de enero. Las empresas lo pedían desde hace un par de meses, aduciendo que los ajustes practicados durante 2016 no llegaron a compensar la devaluación del 60% (los precios del sector están dolarizados). Los aumentos se repetirían de modo periódico.

También subirán las prepagas. Varias prestadoras informaron a sus clientes que aumentarán un 6% y aunque Comercio todavía no autorizó esas subas, todo indica que entrarán en vigencia en febrero. Para esa época ya habrán llegado a las casas las boletas de tasas municipales, en CABA y el Conurbano, y el impuesto inmobiliario bonaerense, con una actualización cercana al 35%, a tono con la inflación del año pasado (a diferencia de las paritarias, que el gobierno pretende que se discutan en base a la inflación futura).

Además del componente estacional, que incluye los aumentos en turismo (ver páginas 3 y 4) y escuelas privadas, para marzo y abril se vendrá un cimbronazo fuerte con las tarifas públicas. El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, anunció un aumento promedio del 36% en las boletas de Edenor y Edesur, con picos que pueden llegar al 70%, en respuesta a los pedidos de ambas distribuidoras. Para la misma época se espera la primera de las dos actualizaciones anuales de la tarifa del gas, que significará una mayor remuneración para las gasíferas más un plus por actualización cambiaria.

Con ese panorama, más todos los aumentos de segunda vuelta (por ejemplo, los del transporte automotor como consecuencia del reajuste del combustible), la previsión del gobierno de que la inflación no supere el 17% anual suena a exceso de optimismo. Hace un par de semanas, el informe de la consultora Focus Economics estableció que el promedio del aumento de precios esperado por los principales estudios y bancos del país es del 21%, bastante más que lo pautado en el presupuesto que aprobó el Congreso y de lo que admitió el Banco Central en su habitual relevamiento de expectativas de mercado (19,5%). Las previsiones de las 28 firmas encuestadas oscilaron entre 17,9% y 25%. Entre los que contestaron hay estudios económicos de primer nivel (Abeceb, Analytica, Bein, Elypsis, Ecolatina, FIEL, entre otros); bancos minoristas como Galicia, Itaú, Francés y Supervielle; y bancos de inversión extranjeros como JP Morgan, Deutsche Bank y Goldman Sachs.

«Los aumentos de comienzos de año en naftas y prepagas no van a pegar tanto en el índice de precios, porque lo que más pesa en la canasta familiar son los alimentos. Lo que sí se va a notar son las tarifas, que van a impactar en cerca de tres puntos y medio», vaticinó a este diario Fausto Spotorno, economista jefe del estudio Ferreres, que espera un 20,4% de inflación para 2017. «Y quizás también pueda influir con fuerza la negociación paritaria, que este año va a querer recuperar el terreno perdido (por los salarios)», agregó.

Quizás en ese punto se encuentre una de las claves de lo que puede ocurrir en el segundo semestre, cuando el gobierno afronte el crucial test electoral de mitad de mandato. ¿Aceptará postergar alguna de sus ideas macroeconómicas para mejorar el humor social y sus perspectivas electorales? ¿Relajará algunas de sus metas como hizo este año cuando elaboró un presupuesto con un déficit fiscal mayor al pautado inicialmente? ¿Priorizará la reactivación un rato antes de ir a votar o mantendrá a rajatabla la banda inflacionaria que se propuso? Las respuestas solo las tiene el propio gobierno. «