Inflación y pandemia

(Foto: Presidencia)
17 de enero de 2021

La combinación de la aceleración de la inflación y del crecimiento de los contagios de coronavirus conforma el escenario de mayor estrés para el gobierno. Aunque las declaraciones optimistas del presidente Alberto Fernández y de su gabinete intenten transmitir tranquilidad, lo cierto es que se abre una nueva etapa de presiones cruzadas a las que el Poder Ejecutivo deberá dar respuesta.

A diferencia de los economistas ortodoxos identificados con el establishment, que aseguran que la única causa de la inflación es el exceso de emisión monetaria, el gobierno nacional bate el parche de la puja distributiva como uno de los motores principales del alza de precios. El argumento puede ser válido, pero es paradojal: la puja distributiva implica hechos consumados realizados por el más fuerte para apropiarse de una renta propia del más débil; es decir, precios que suben para comerse el mayor poder adquisitivo del salario o ganancias de sectores productivos beneficiados circunstancialmente. Ante una situación semejante, la población bien podría preguntarse si hay voluntad política en el gobierno para enfrentar ese mecanismo de exacción, si el Estado va a intervenir para evitarlo. O solo va a administrarlo.

El reciente conflicto por las exportaciones de maíz presenta una matriz que se vio en anteriores oportunidades. El gobierno toma una iniciativa que la presenta como beneficiosa para la mesa de los argentinos. La reacción de los supuestamente perjudicados es estridente, en una combinación de agitación pública vía los medios hegemónicos más un fuerte lobby sobre los factores de poder para volcarlos en su favor. El resultado: el gobierno retrocede en su decisión pero matiza ese desandar con compromisos varios cuyo cumplimiento habrá que imponer a los supuestamente perjudicados, solo que  ahora están en una nueva posición de mayor fuerza por el recule del gobierno.

La suba del precio del maíz, del 50% en el último año, justificaba esa intervención que terminó en nada. Si bien sólo representa el 20% de los costos de la producción de pollo, es el factor más importante; ningún otro alcanza esa magnitud.

Con la pandemia se ha impuesto la nueva normalidad basada en una economía prácticamente abierta, con movimientos de personas en transporte público para cumplir con la presencialidad en actividades para nada esenciales. Se incentiva la actividad turística de verano porque si no habrá “un fuerte golpe a la economía”, según el ministro del área, pero el movimiento de personas -6 millones desde diciembre- augura la repetición de lo que sucedió en el verano europeo, la masificación de los contagios.

El virus circula más y la presión por la presencialidad de las clases, dentro de apenas un mes en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, solo pronostica nuevos focos de conflicto entre los sindicatos docentes y grupos de padres, de un lado, y las autoridades educativas, del otro. La escena está servida.

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