El Ingreso Familiar de Emergencia se propuso “compensar la pérdida o grave disminución de ingresos” que sufrieron los sectores informales y desocupados como consecuencia de la emergencia sanitaria. Ayudar a estos sectores era imprescindible y, además, una responsabilidad constitucional de primer orden para el Estado.
Ya hemos escrito en este medio sobre los problemas de diseño e implementación de esta política, que igualmente, con sus problemas, llegó a casi 9 millones de hogares.
La discusión central alrededor del IFE es cuál es su potencialidad para combatir la expansión y profundización de la pobreza. Desde el gobierno se ha insistido que el IFE es una herramienta efectiva para contener la pobreza y la indigencia, y evitar que se amplíen las brechas de desigualdad. Incluso, según el Ministro Guzman, habría evitado entre 5 y 6 puntos porcentuales de aumento en la pobreza y entre 4 y 7 puntos en la indigencia.
Aunque recién en octubre sabremos con mayor certeza cuál fue el efecto del IFE para contener la pobreza, cuando el INDEC publique los datos de pobreza del segundo trimestre del año, parece más prudente dudar de la mentada efectividad, a juzgar por las características del beneficio, los problemas en la ejecución, y los resultados que van arrojando los indicadores económicos y sociales.
Desde el Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad de La Plata elaboramos una encuesta sobre la evolución de la situación socioeconómica de las familias potencialmente beneficiarias del IFE durante el mes de abril, y los resultados no son para nada alentadores.
Casi la mitad de los 1065 hogares encuestados no llegó a cubrir los gastos básicos (alquiler, servicios y comida) en abril, y al 21% esos gastos le representaron entre 80 y 100% de sus ingresos. El 16,5% de los hogares no pudo pagar el alquiler ese mes. Además, uno de cada dos hogares declaró necesitar ayuda alimentaria y no estar recibiéndola.
Un resultado indicativo de la situación es que el 65% de los hogares encuestados manifestó haber sufrido una reducción de sus ingresos en abril, y en la mayoría de los casos fue una reducción significativa, mayor al 40%. En consonancia con nuestros resultados, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), durante el mes de mayo el 39% de los hogares en el AMBA declararon que los ingresos familiares se redujeron hasta un 50%, mientras que para 19% la reducción habría sido mayor al 50%.
Otro dato alarmante de nuestra encuesta es que más de la mitad de los hogares tuvo que contraer deudas en el mes de abril, incluso deudas importantes. El estudio de ODSA también registró que el 38% de los hogares sin empleo registrado contrajeron deudas en mayo, y que los hogares con niños/as se endeudaron mucho más que los hogares donde solo viven adultos.
El IFE ha consistido en 2 pagos de $10.000 en alrededor de 4 meses, es decir $5.000 mensuales por hogar. Equivale al 30% de un salario mínimo mensual. Lejos de representar “una parte importante de la canasta básica”, como suele decir la responsable de ANSES, la ayuda del IFE más dos AUH mensuales representa para una familia tipo (dos adultos y dos menores) alrededor del 25% de la canasta mensual de pobreza y el 65% de la canasta de indigencia.
Es un monto insuficiente para cualquier familia con pérdida significativa de ingresos, más allá de su conformación, en un contexto en el que los sectores informales fueron los más perjudicados por la cuarentena en términos de la continuidad laboral y de ingresos.
Además, el tercer pago del IFE será solo para las regiones donde la pandemia golpea más fuerte (AMBA, Chaco y otras zonas donde se endureció la cuarentena), reduciendo el número de beneficiaries a menos de la mitad. Esta decisión va a complicar aún más la situación de las familias vulnerables, porque el levantamiento de la cuarentena no significa que la economía se reanude automáticamente y menos que esos sectores pueden recuperar sus ingresos de un día para el otro.
Desde nuestra comprensión, el Estado no está cumpliendo su responsabilidad de utilizar todas las herramientas y recursos disponibles para asegurar la más amplia protección a los sectores vulnerables y evitar que el mayor peso de la crisis lo sufran les de abajo. Y lo que probablemente esté ocurriendo es una expansión importante de la pobreza, pero también una profundización de la pobreza de millones de familias que ya eran pobres y que se alejan cada vez más de la posibilidad de salir de esa condición, sufriendo aún más vulneraciones de derechos que antes de la pandemia.
Ya hemos escrito en este medio sobre los problemas de diseño e implementación de esta política, que igualmente, con sus problemas, llegó a casi 9 millones de hogares.
La discusión central alrededor del IFE es cuál es su potencialidad para combatir la expansión y profundización de la pobreza. Desde el gobierno se ha insistido que el IFE es una herramienta efectiva para contener la pobreza y la indigencia, y evitar que se amplíen las brechas de desigualdad. Incluso, según el Ministro Guzman, habría evitado entre 5 y 6 puntos porcentuales de aumento en la pobreza y entre 4 y 7 puntos en la indigencia.
Aunque recién en octubre sabremos con mayor certeza cuál fue el efecto del IFE para contener la pobreza, cuando el INDEC publique los datos de pobreza del segundo trimestre del año, parece más prudente dudar de la mentada efectividad, a juzgar por las características del beneficio, los problemas en la ejecución, y los resultados que van arrojando los indicadores económicos y sociales.
Desde el Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad de La Plata elaboramos una encuesta sobre la evolución de la situación socioeconómica de las familias potencialmente beneficiarias del IFE durante el mes de abril, y los resultados no son para nada alentadores.
Casi la mitad de los 1065 hogares encuestados no llegó a cubrir los gastos básicos (alquiler, servicios y comida) en abril, y al 21% esos gastos le representaron entre 80 y 100% de sus ingresos. El 16,5% de los hogares no pudo pagar el alquiler ese mes. Además, uno de cada dos hogares declaró necesitar ayuda alimentaria y no estar recibiéndola.
Un resultado indicativo de la situación es que el 65% de los hogares encuestados manifestó haber sufrido una reducción de sus ingresos en abril, y en la mayoría de los casos fue una reducción significativa, mayor al 40%. En consonancia con nuestros resultados, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), durante el mes de mayo el 39% de los hogares en el AMBA declararon que los ingresos familiares se redujeron hasta un 50%, mientras que para 19% la reducción habría sido mayor al 50%.
Otro dato alarmante de nuestra encuesta es que más de la mitad de los hogares tuvo que contraer deudas en el mes de abril, incluso deudas importantes. El estudio de ODSA también registró que el 38% de los hogares sin empleo registrado contrajeron deudas en mayo, y que los hogares con niños/as se endeudaron mucho más que los hogares donde solo viven adultos.
El IFE ha consistido en 2 pagos de $10.000 en alrededor de 4 meses, es decir $5.000 mensuales por hogar. Equivale al 30% de un salario mínimo mensual. Lejos de representar “una parte importante de la canasta básica”, como suele decir la responsable de ANSES, la ayuda del IFE más dos AUH mensuales representa para una familia tipo (dos adultos y dos menores) alrededor del 25% de la canasta mensual de pobreza y el 65% de la canasta de indigencia.
Es un monto insuficiente para cualquier familia con pérdida significativa de ingresos, más allá de su conformación, en un contexto en el que los sectores informales fueron los más perjudicados por la cuarentena en términos de la continuidad laboral y de ingresos.
Además, el tercer pago del IFE será solo para las regiones donde la pandemia golpea más fuerte (AMBA, Chaco y otras zonas donde se endureció la cuarentena), reduciendo el número de beneficiaries a menos de la mitad. Esta decisión va a complicar aún más la situación de las familias vulnerables, porque el levantamiento de la cuarentena no significa que la economía se reanude automáticamente y menos que esos sectores pueden recuperar sus ingresos de un día para el otro.
Desde nuestra comprensión, el Estado no está cumpliendo su responsabilidad de utilizar todas las herramientas y recursos disponibles para asegurar la más amplia protección a los sectores vulnerables y evitar que el mayor peso de la crisis lo sufran les de abajo. Y lo que probablemente esté ocurriendo es una expansión importante de la pobreza, pero también una profundización de la pobreza de millones de familias que ya eran pobres y que se alejan cada vez más de la posibilidad de salir de esa condición, sufriendo aún más vulneraciones de derechos que antes de la pandemia.
