Un panel para pensar la relación entre la política y el Poder Judicial

¿Qué formato, qué prioridades y qué nombres quedarán a cargo de la relación del nuevo gobierno con el Poder Judicial y el ministerio público? ¿Cuál será la política que se llevará adelante con los servicio de inteligencia del Estado? Abogados organizados en Iniciativa Justicia y el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FOAS) se reunieron para debatir en torno a estos interrogantes en la Facultad de derecho.

(Foto: Edgardo Gomez)
Por Martín Piqué - @MartinPique
19 de Septiembre de 2019

Ante la posibilidad cierta de que se inicie un nuevo ciclo político, a menos de 90 días del comienzo del próximo mandato, crece la expectativa sobre la política judicial. ¿Qué formato, qué prioridades y qué nombres quedarán a cargo de la relación del nuevo gobierno con el Poder Judicial y el ministerio público? ¿Cuál será la política que se llevará adelante con los servicios de inteligencia del Estado, a los que la abogada Graciana Peñafort suele definir como “la materia oscura” de la democracia argentina?

Estas preguntas explican por qué en la tarde del miércoles se llenó el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA. Allí tuvo lugar la conferencia que ofrecieron abogados penalistas alineados en la entidad Iniciativa Justicia junto a letrados del Derecho Laboral nucleados en el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FOAS). A lo largo de las ponencias, en las dos horas reloj que duró la actividad, se abordaron cuestiones sensibles y polémicas que en los próximos años podrían tener un correlato en reformas institucionales.

Un ejemplo de esto fue la necesidad de reformular el Consejo de la Magistratura, tópico compartido por varios de los expositores. Otra cuestión que surgió en la charla fue la propuesta de impedir a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizar funciones de policía o de investigación. En este punto, según la hilvanada argumentación de Peñafort, la fórmula podría ser que la AFI se aboque exclusivamente a hacer inteligencia exterior, para defender los intereses del Estado nacional de eventuales amenazas más allá de las fronteras.

Durante la actividad se escucharon planteos que exigían una modificación del funcionamiento de la Escuela Judicial para evitar arbitrariedades y nepotismo. En la disertación participaron el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria Cristina Fernández; su par Martín Arias Deval y  Peñafort. También fueron de la partida los laboralistas Hugo Antonio Moyano (h) –hijo del secretario general de Camioneros y presidente de Independiente-, Verónica Quinteros y el histórico apoderado de la CGT y ex jefe de bloque del FpV-PJ en Diputados, Héctor Recalde.

En su debut en este tipo de presentaciones académicas, el abogado de los Moyano arrancó con una broma que era, al mismo tiempo, una buena descripción del contexto. “Yo soy abogado laboralista, especializado en Derecho colectivo del trabajo, pero en este último tiempo he devenido en penalista”, ironizó. Se refería a la saga de causas penales que en apenas tres años y medio se iniciaron en contra de varios dirigentes sindicales, entre ellos su padre y hermano.

Moyano recordó la sucesión de intervenciones de sindicatos ordenadas por la Justicia pero alentadas desde la Casa Rosada. Mencionó en particular los casos del SOMU (sindicato de obreros marítimos unidos), del sindicato de Seguridad y del SiVenDia (Sindicato de Vendedores  de Diarios) que comanda Omar Plaini. En relación al ámbito gremial, entre los asistentes de las primeras filas se pudo ver al gremialista de La Bancaria, Sergio Palazzo. 

“Recuerdo una frase que pronunció Pablo Moyano cuando advirtió que existía el riesgo de que en el país se sancionara otra Reforma Laboral con maniobras oscuras como la de las coimas del Senado durante la gestión de Fernando de la Rúa”, arrancó el joven letrado, que patrocina a Camioneros. “Automáticamente, después de que dijo esto, se activaron una docena de procesos judiciales, más una serie de allanamientos contra la obra social, la mutual y el sindicato (de Camioneros) con despliegue inédito de Gendarmería y la aplicación de multas exorbitantes”, rememoró.

El abogado, a quien allegados y conocidos llaman ‘Huguito’, recordó incluso lo que sucedió con el suspendido juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio. Como se sabe, el magistrado recibió la visita de dos agentes de la AFI que le transmitieron el interés especial del propio Mauricio Macri en que Pablo Moyano fuera detenido. “Le informaron que tenía que detener a Pablo Moyano y que eso era una obsesión del presidente”, cuestionó Moyano jr.

En otro tramo de su intervención, el abogado del gremio de Camioneros deslizó en una frase cómo le gustaría que sea la relación del sindicalismo peronista con el probable gobierno de Alberto Fernández a partir de diciembre. “Con diálogo social permanente, sin imposiciones, con respeto”, subrayó. No se trató de una frase intrascendente, ya que una eventual administración del Frente de Todos estará abocada a celebrar un gran acuerdo de precios y salarios con la participación de sindicatos, empresas y el Estado.

“Cambiar de raíz el sistema de inteligencia”.

Consolidada como figura pública a través de sus participaciones en la TV o por sus largos hilos en Twitter, Peñafort aprovechó su turno para remontarse a fines de los años ’80. Desde allí hizo una meditada cronología del momento en que la política y la Justicia quedaron condicionadas por la acción extorsiva de las estructuras de inteligencia. Según su hipótesis, el acontecimiento determinante que signó hasta ahora la relación entre espías, jueces y políticos fue el ataque al cuartel de La Tablada por parte del MTP.

“En La Tablada hubo personas desaparecidas en democracia (en alusión a los combatientes del MTP José Díaz e Iván Ruiz, quienes fueron fotografiados al rendirse pero nunca más aparecieron, NdR) y, desde entonces, en los tribunales federales de San Martín jueces y fiscales intentaron tapar eso. Muchos de los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso de La Tablada los encontramos después en los más altos niveles de Comodoro Py. Son jueces y fiscales con mucho en común, con un sistema de relaciones que venía de aquella época en San Martín”, profundizó Peñafort.

En esa suerte de genealogía de la colonización del Poder Judicial por parte de los operadores judiciales y de inteligencia, Peñafort mencionó al fallecido fiscal Alberto Nisman y al juez Claudio Bonadío. Luego se detuvo en otro capítulo oscuro, atravesado por operaciones, pistas falsas y operaciones: los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA.

“Recordemos que el mismo día en que volaban las bombas se acordó una visión única conforme las necesidades políticas de los gobiernos de entonces de Argentina e Israel. Ese acuerdo significó el fin del Poder Judicial independiente. Desde el atentado a la AMIA nunca más el Poder Judicial se vio libre de operadores judiciales y de operadores de servicios de inteligencia”, remarcó entonces la abogada.

La saga histórica que recorrió Peñafort concluyó con un diagnóstico lapidario y con la propuesta de impulsar una reforma muy ambiciosa sobre la normativa que rige a los servicios de inteligencia en la Argentina. “Los agentes de inteligencia ya no protegen al país, ni a la Justicia, sino que expresan una opacidad en el Estado con intereses propios. Hay que combatir esa influencia gravitatoria. Mientras no cambiemos esto de raíz no vamos a tener un Poder Judicial justo”, advirtió Peñafort al final de su argumentación.

La hora de la prudencia

La charla que había comenzado con las palabras de Beraldi concluyó con las palabras de Recalde. El abogado especializado en Derecho del Trabajo, entre irónico y divertido, recordó que el propio Macri llegó a definirlo como “el jefe de la mafia de los estudios laboralistas”. Luego enumeró una serie de retrocesos en los derechos laborales que promovió Cambiemos, a saber: la supresión de la aplicación de los usos y costumbres más favorables al trabajador en las paritarias de cada sector; la eliminación de la actualización periódica del salario mínimo, vital y móvil; el establecimiento de controles personales a la salida de los establecimientos fabriles. “Son normas que hacen a la dignidad del trabajador”, criticó Recalde.

Reconocido por buena parte del sindicalismo, Recalde recuperó el diálogo con Hugo Moyano en los últimos años. El ex apoderado de la CGT defendió la acción de buena parte de la Justicia laboral durante el macrismo: dijo que muchos jueces fueron perseguidos tras poner límites a los objetivos del gobierno.

Antes de cerrar la conferencia con una frase de Enrique Santos Discépolo, Recalde emitió algunas recomendaciones para el período que puede abrirse si se confirma el triunfo del Frente de Todos. “Hay que actuar con muchísima prudencia, porque estos dejan un desastre. No sólo por el endeudamiento del país –que creció del 40% del PBI al 100% del producto- sino también por el endeudamiento de las familias con los usureros del barrio”, exhortó.

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