Con un nuevo decreto, el gobierno prorrogó hasta el 31 de enero próximo el congelamiento de los precios de los alquileres y la prohibición de los desalojos. Además, las deudas acumuladas por imposibilidad de pago se cancelarán en cuotas a partir de febrero de 2021. Finalmente, para evitar los juicios, habrá mediación obligatoria hasta septiembre de 2021.

La medida fue celebrada por la Federación de Inquilinos Nacional. «Es la primera vez en décadas que un gobierno toma medidas tan fuertes en lo relativo al acceso a la vivienda y alquileres. Los inquilinos e inquilinas somos un sector reconocido y ya no son las inmobiliarias las que deciden de manera unilateral», afirmó el titular de la organización, Gervasio Muñoz. En diálogo con Tiempo, Muñoz observó que «las organizaciones de inquilinos son un problema para las inmobiliarias y una herramienta fundamental para empezar a equilibrar la balanza».

La prórroga decretada se dio luego de que se aprobara la Ley de Alquileres. Muñoz eligió una analogía futbolera para plantear el escenario: «Son dos goles que pudimos meter los inquilinos. Vamos perdiendo 20 a 2 porque la desigualdad es histórica, pero las inmobiliarias estaban acostumbradas a que ni siquiera les pateen al arco y eso ahora cambió».

El sector propietario venía presionando para evitar la decisión. El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci) le dijo al Ministerio de Hábitat en una carta que «no sería razonable ni oportuno una extensión del DNU, cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores de la economía». El Colegio de Martilleros de Buenos Aires señaló que la extensión provocaría «un colapso en la oferta de alquileres y una masiva migración a las operaciones de venta de propiedades».

Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), explicó a Tiempo: «Desde la Cámara vamos a acompañar como parte mediadora. Si el dólar se moviliza, el mercado se paraliza por un tiempo; algo parecido ocurre con este tipo de medidas. Pero nosotros no somos expertos en salud y si se toman estas decisiones, por algo será».

Bennazar aseguró que el primer decreto fue «muy necesario», ya que «si no hubiese sido por eso, no hubiéramos tenido una herramienta fundamental para mediar en conflictos». Sin embargo, según Bennazar, tanto el decreto como la Ley de Alquileres «reducen la oferta, lo cual impacta en los precios». Hoy, «como la rentabilidad es híper baja, la inversión a futuro de nuevas unidades locativas es también baja», lo cual genera «un coctail que hay que solucionar en el corto o mediano plazo porque, si no, habrá cada vez menor oferta y mayor demanda».

Si bien la noticia fue celebrada entre los inquilinos, para Muñoz debió haberse conocido mucho antes. “Mucha gente decidió irse de la vivienda en la que estaba y buscar otra alternativa, seguramente peor, porque ya no aguantó la presión de las inmobiliarias. Se evitaban muchos desalojos y renovaciones complicadas, si se anunciaba antes la extensión”, planteó. «