Interna en Cambiemos por una polémica recaudación

Un concejal del PRO de Avellaneda denunció a una diputada provincial por su propuesta de exigir a los empleados una donación compulsiva para una fundación.
29 de Julio de 2016

El presidente del bloque de concejales del PRO en el Concejo Deliberante de Avellaneda, Roberto Daniel García, denunció penalmente a la diputada nacional por Cambiemos e interventora designada en el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), Gladys González, por haber “propuesto la posibilidad de designar personas en cargos provinciales, los cuales deben imperativamente donar el diez por ciento de su salario a una fundación desconocida”.

García ofreció como prueba de su denuncia capturas de pantalla de su teléfono celular en la que, según afirmó, constan mensajes recibidos desde el abonado correspondiente a la diputada con ese requerimiento.

La denuncia fue formalmente concretada esta mañana por el edil ante los instructores judiciales Miguel Ángel Granea y Silvana Andrea Alustiza, de la Mesa General de Entradas Descentralizada de la Fiscalía General Departamental de Avellaneda.

La denuncia quedó asentada en el expediente 07-02011663-16/00, según documentación a la que tuvo acceso Tiempo. Interviene la UFI 2 y el juzgado de Garantías número diez de Avellaneda.

“He tomado conocimiento de que una diputada nacional e interventora del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), de nombre Gladys Ester González, ha propuesto la posibilidad de designar personas en cargos provinciales, los cuales deben imperativamente donar el diez por ciento de su salario a una fundación desconocida. El hecho denunciado la señora González lo explicita en un mensaje vía whatsapp que recibe el denunciante en su abonado móvil (consigna el número de la empresa Personal) y ha sido remitido desde el abonado (también identifica el número, que presuntamente corresponde a la legisladora)”.

García ya había formulado púbicamente la denuncia, pero no fue sino hasta hoy que la concretó ante la Justicia. El concejal del PRO aclaró en su presentación que “formula la presente denuncia debido a su obligación como funcionario público”, al haber tomado conocimiento de un supuesto hecho ilícito.

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