Juego clandestino: la maniobra trunca para beneficiar a un reconocido ajedrecista

Hugo Spangenberg está acusado de regentear una casa de juego ilegal en el club Buchardo. La Cámara del Crimen rechazó el paso de la causa a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y se investiga si hay complicidad policial.

Hugo Spangenberg fue un joven prodigio del ajedrez, que luego se ganó la vida con el póker.

1 de Octubre de 2018

La Cámara del Crimen desbarató un intento de llevar a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires una investigación por la existencia de un garito en el club Náutico Bouchardo presuntamente regenteado por el ajedrecista  Hugo Spangenberg, con la eventual tolerancia y complicidad de funcionarios policiales.

Tiempo publicó erróneamente que el defensor de Spangenberg es Mariano Mendilaharzu, quien se comunicó con este diario para aclarar que no ejerce tal defensa ni está relacionado con este expediente. Mendilaharzu es abogado del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; del empresario Alejandro Burzaco, detenido con prisión domiciliaria en Estados Unidos y “arrepentido” en el denominado “Fifagate”, y también asiste a al menos un procesado en la causa por las fotocopias de los cuadernos, pero no interviene en esta causa. Queda hecha la aclaración.

El 29 de junio del año pasado el club fue allanado por orden del juez subrogante Hernán López, a instancias del fiscal José María Campagnoli, en el contexto de una causa derivada de la que están imputados ex integrantes de la plana mayor de la Policía de la Ciudad por presunto cobro de coimas para proteger a comercios y “trapitos” de los barrios de Núñez y Saavedra.

En el allanamiento no fueron detectados policías, pero sí se comprobó la existencia de la casa de apuestas clandestina: se secuestraron alrededor de un millón de pesos, fichas, paños, naipes y otros elementos de juegos de azar.

El juez López ascendió a camarista y el juzgado a cargo de la investigación, el de instrucción número seis, quedó a cargo de María Alejandra Provítola, una estrecha ex colaboradora del fiscal federal Carlos Stornelli. No sólo trabajó con él en la fiscalía de Comodoro Py sino que también lo acompañó durante su gestión como ministro de Seguridad bonaerense, en el gobierno de Daniel Scioli.

Provítola se declaró “incompetente” y mandó el expediente a la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Entendió que se trataba sólo de un caso de juego clandestino y, en virtud de la transferencia de competencias entre la justicia nacional y la local, se desprendió de la causa.

Campagnoli apeló y la Cámara, con la decisión unipersonal del juez Alberto Seijas, advirtió que “no está descartada la intervención de funcionarios policiales para posibilitar la actividad ilícita que se investiga”.

Pero más allá de ello, la transferencia de delitos que ahora investigará el Poder Judicial porteño establece que “las causas en trámite ante los Juzgados Nacionales al momento de dicho perfeccionamiento serán terminadas y fenecidas ante los mismos tribunales". La investigación por el garito es anterior a la transferencia; ergo, debe seguir en manos de Campagnoli y, también, de Provítola.

Spangenberg intentó también por otra vía pulverizar la causa.  Planteó la excepción por falta de acción con sustento en que la acción penal no habría sido legalmente promovida porque el inicio de la causa tuvo lugar a partir de la denuncia recibida por la fiscalía mediante una carta enviada a través de la empresa ‘Correo Argentino’ por una persona que hizo reserva de su identidad”.

Pero los camaristas Seijas, Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela defendieron la denuncia anónima como disparador de la investigación. “No existe disposición alguna que las prohíba, aunque más no sea a modo de una noticia que requiera ulterior instancia del fiscal o actividad policial”.

El anónimo sostenía –y así lo recogió la Cámara- “que el objeto procesal, integrado por la presunta existencia de un ‘casino clandestino’, no se limita a tal hipótesis, en tanto se ha denunciado también que funcionarios policiales de la Comisaría 35ª posibilitarían esta actividad ilícita y recibirían a cambio una importante contraprestación en dinero”.

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