El fallo de la CIDH  en un contexto electoral provocaron un cambio de postura abrupto en la provincia de Jujuy en el caso de Milagro Sala. El gobernador Gerardo Morales publicó un tuit en el que adelanta que aunque no comparte la decisión del organismo internacional que recomendó otorgar prisión domiciliaria a la dirigente social «las cautelares son obligatorias”. De esta manera, el ejecutivo provincial adelantó que cumplirá con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo es el Poder Judicial provincial quien debe acatar el fallo. 

Por lo pronto, el procurador jujeño adelantó que sugerirá la prisión domiciliaria para la dirigente social. El titular del Ministerio Público de Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, aseguró que recomendará a los jueces que se inclinen por «el arresto domiciliario» de Sala como alternativa a la prisión preventiva a la que está sometida desde enero de 2016.

“En caso de arribarse a alguna de las alternativas que plantea la CIDH como salida a la cautelar a la que hizo lugar, desde el Ministerio Publico Fiscal se va a postular que se cumpla con el arresto domiciliario”, dijo Lello Sánchez en declaraciones a la prensa local, aunque advirtió que solicitará que sea en idéntica condiciones de “una prisión preventiva”.

El ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Oscar Perassi, salió también a pronunciarse políticamente al asegurar este lunes que si bien esa provincia va a «respetar los pactos y acuerdos nacionales e internacionales», también advirtió que la líder de la organización Tupac Amaru “bajo arresto domiciliario le dará mayor capacidad de acción política, un régimen ilimitado de visitas, escasas restricciones y el montaje de un sistema de comunicación que puede ser usado políticamente para influir en las elecciones».

El viernes, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, había declarado a Télam que ese mismo día trasladaría el oficio a la justicia de Jujuy «para que ellos puedan tomar nota, actuar en consecuencia y antes de que se cumpla el plazo establecido por la CIDH, de 15 días hábiles a partir de hoy, podamos tener una resolución favorable”.

En su decisión del viernes, la CIDH urgió al Estado argentino a dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que califica la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata, y solicitó «medidas alternativas a la detención preventiva» de la dirigente social Milagro Sala, «como el arresto domiciliario» o bien que «pueda enfrentar los procesos (judiciales) en libertad con medidas como la fiscalización electrónica».