La arquitectura y el urbanismo suelen presentarse como metáfora. En la avenida Iriarte al 3500, a pocos metros del Centro Cultural, en uno de los rincones más transitados de la Villa 21 de Barracas, está emplazada una oficina de cemento y hormigón. Pintada de celeste, tiene ventanas y una puerta de metal con carteles y notificaciones. Es la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, que depende de la Procuración General de la Nación. Sus ocupantes –una abogada, un trabajador social y un operador territorial- más los vecinos que la visitan todos los días para hacer denuncias o para pedir ayuda, información o asesoramiento llaman cotidianamente ATAJO a esa delegación del MPF, cuya jurisdicción comprende a la Villa 21 y al barrio Zavaleta. ATAJO es, también, el nombre oficial del programa de Acceso a la Justicia creado en 2013 por la procuradora saliente Alejandra Gils Carbó. Su responsable es el abogado Julián Axat, ex defensor de menores del fuero penal juvenil en La Plata. “Podemos decir que este dispositivo de atención descentralizado, cercano, que incluye la potestad de recibir oficialmente denuncias, es la política social del Ministerio Público”, resume Axat, de 41 años, en diálogo con Tiempo.

Estas agencias territoriales de Acceso a la Justicia recibieron en los últimos días un sonoro respaldo de la Iglesia Católica a través de una carta pública dirigida al Senado. El documento contaba con la firma del flamante titular del Episcopado, Oscar Ojea (a cargo de la diócesis de San Isidro) y del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. No fue el primer pronunciamiento a favor de la continuidad del programa. Los párrocos del Equipo Pastoral de Villas y los miembros del Grupo de Curas en Opción por los Pobres también reclaman por su mantenimiento. Director de Acceso a la Justicia de la Procuración, poeta, hijo de desaparecidos, Axat dice que no lo sorprende el apoyo de “los curas de los barrios”. Sí reconoce el impacto que le produjo “haber visto la firma de Poli, de Ojea y de los obispos con los que trabajamos”. “Sacar ATAJO implicaría un problema con la gente de las pastorales con la que trabajan los curas de los barrios. ‘Toto’ De Vedia aquí, en la Villa 21; el padre Pepe (José María Di Paola), en San Martín; el padre Paco (Francisco Olveira) en la Isla Maciel; o el padre (Gustavo) Carrara en la 1-11-14 derivan gente a ATAJO”, comenta.

La entrevista con Axat transcurre al mediodía, en el interior de la oficina de la Villa 21. Los trabajadores del centro local de ATAJO, los verdaderos anfitriones, presencian la conversación pero también hacen sus aportes. Ellos son Mara Oviedo, 27 años, operadora territorial, vecina de la 21; Lucía Battistuzzi, abogada, 32 años; Fernando Juárez, 34, trabajador social. “Hasta la creación del mecanismo de atención ATAJO, en términos de acceso a la justicia, el ministerio público fiscal sólo contaba con tres fiscalías barriales: La Boca, Pompeya y Saavedra. En 2013, la procuradora me propone crear una oficina distinta de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia. ¿Qué vino a ocupar, o complementar, ATAJO, que los CAJ no tenían? Que podían suplir la función de recepción de denuncias que tienen las comisarías. Porque los CAJ no podían resolver la toma de denuncias porque no contaban con la potestad de fedatarios, que habilita a recibir denuncias”, afirma Axat.

Durante la charla, el funcionario del MPF repasa los alcances de ATAJO en sus cuatro años de existencia. “Todos los fiscales de instrucción, los fiscales de juicio, al igual que los de las fiscalías descentralizadas tienen un fuerte vínculo con nosotros. Nos piden colaboración en todo tipo de tareas vinculadas al territorio, que antes delegaban a la policía. Como el contacto con las víctimas; la realización de informes; la diligencia, a pedido del ministerio público, de problemas en los barrios, como el incumplimiento de una restricción perimetral por parte de una pareja violenta. Pero además de los fiscales también trabajamos con las áreas específicas de la Procuración, sobre todo con la PROTEX (Procuraduría contra la Trata y la Explotación de personas) y con la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional)”, enumera Axat.

A modo de ejemplo, el abogado resalta la intervención de ATAJO ante la represión por parte de Gendarmería que sufrió la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, de Bajo Flores, a principios de 2016. Axat también destaca el trabajo de prevención de la trata de chicas, niños y mujeres, sobre todo en la coordinación con docentes y curas para hacer posible una alerta temprana. “En la 1-11-14 tenemos tal inserción con este tema que contribuimos a que la Red de Género y la Red de Escuelas del Bajo Flores desarrollen un mecanismo de respuesta rápida para atender los casos y resolver en 24 horas, con la intervención de la PROTEX, si hay chicas que intentan ser captadas”, cuenta. Axat plantea que la labor cotidiana de ATAJO fue elogiada por la ONG La Alameda y la Fundación Marita Verón, entidades de reconocida actuación contra la trata y la explotación sexual. «