Este lunes se cumplen diez años del fallecimiento del periodista y escritor Eduardo Kimel, quien fue condenado en la década del ’90 por la Justicia argentina después de investigar la masacre de los curas palotinos en la iglesia de San Patricio, ocurrida en la última dictadura cívico-militar. Kimel llevó su caso a la Organización de Estados Americanos (OEA) y fue clave para eliminar el delito de «calumnias e injurias» para casos de interés público.

«Dejá de fumar un poco y alimentate mejor», le aconsejó su médico personal y amigo de más de 30 años. Los nervios y el no poder conciliar el sueño se habían adueñado definitivamente de su vida. Adrián Sapetti y Eduardo Kimel se habían conocido en una farmacia en Ravignani y avenida Córdoba. Adrián era psiquiatra, y en su programa en una FM de Palermo, Eduardo era columnista de política. «La coyuntura sin la historia es imposible de analizar», era una de las frases de cabecera de Kimel, que la llevó del papel a la radio, y que al mismo tiempo lo interpelaba a saldar cuentas con el pasado.

Corría el año 1989 y a los 36 años Kimel publicó su libro La masacre de San Patricio. Los asesinatos de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y de los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito, masacrados el 4 de julio de 1976, eran uno de esos temas que lo requerían. Dos años después recibió una carta documento donde era notificado de una causa en su contra y en 1995 otra misiva: «¿Cómo un año de prisión? ¿Qué es esta locura?», dijo en voz alta mientras leía la carta firmada por la jueza Ángela Braidot; la condena incluía además el pago de una indemnización de 20 mil dólares.

Eduardo había sido acusado de calumnia. «Estás muy nervioso, te dije que dejes de fumar y de comer porquerías, por favor», le reiteraba Sapetti. Kimel no tenía dinero, la plata que poseía en su cuenta se la retenía la Justicia y hacía prácticamente imposible colaborar económicamente con su compañera, para mantener el hogar, y a Gabriela, su hija de 8 años.

Todo comenzó porque en una de las páginas de su libro, reflexionó sobre el accionar de las autoridades encargadas de la investigación de la masacre, en especial la de un magistrado.

«La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para dilucidar el asesinato no fueron tomados en cuenta.   La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto». Por este párrafo, el juez Guillermo Rivarola comenzó una persecución judicial de casi 17 años contra Kimel.

La situación económica y emocional de Eduardo empeoraba día a día. «Ni siquiera me dejan salir del país para hablar de mi caso», comentó angustiado, al tener que rechazar las invitaciones a diferentes seminarios. «Tranquilo, todo va a mejorar», decía su entorno. En 1996 la Cámara de Apelaciones revocó el fallo y lo absolvió, pero, dos años después, la Corte Suprema aceptó un recurso de Rivarola y decretó que se dictara un nuevo fallo. En 1999 la Sala IV de la Cámara de Apelaciones volvió a condenarlo y Eduardo llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«En aquel momento él era consciente de que su caso era paradigmático, sabía que no estaba solamente defendiendo su derecho sino que estaba abriendo un camino para la defensa de la libertad de expresión», recuerda Andrea Pochak, su exabogada, que lo acompañó en el lapso final de su defensa. El 2 de mayo de 2008 la Corte internacional dictó sentencia definitiva a favor de Kimel y advirtió al Estado argentino que las figuras de «calumnias e injurias» atentan contra la libertad de expresión.

Luego, la expresidenta Cristina Fernández decidió enviar un proyecto que elimina del Código Penal esta figura y el 18 de noviembre de 2009 el Senado sancionó por unanimidad la norma. En su presentación pública, fue la propia exmandataria que la denominó ley Kimel.

«Fue una de las reformas más importantes en materia de libertad de expresión de los últimos 20 años y lamentablemente no fue valorada como corresponde», afirmaPochak. La reforma se sancionó casi al mismo tiempo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

«Son dos caras de una misma moneda: la Ley de Medios  era para garantizar la pluralidad de voces y la reforma Kimel para evitar la persecución a la difusión de información de interés público», destacó Pochak.

En los últimos años de su vida, Eduardo fue editor responsable en la agencia alemana DPA y conductor de un programa en AM 530, La Voz de las Madres, (hoy Somos Radio).

Kimel se ganó un lugar importantísimo en la ampliación de derechos en materia de libertad de expresión y, su entorno, afirma que lo hizo con la mirada puesta en el conjunto de la sociedad.

«Este proceso fue muy largo pero valió la pena. No por una cuestión personal sino por lo que tiene que ver con la memoria colectiva», dijo Kimel durante la presentación de su caso en la Corte Interamericana. Luego de una larga enfermedad, falleció el 10 de febrero de 2010, dejando un legado imposible de ignorar.

Un reclamo histórico

La derogación del delito de calumnias e injurias, iniciativa política adoptada por la expresidenta Cristina Fernández, «satisfizo un reclamo de organismos y entidades que se identifican con la defensa de la libertad de expresión», afirma en diálogo con Tiempo el periodista, escritor y presidente de Comunicadores de Argentina –Comuna– Hugo Muleiro. «