El descontrol de los gastos reservados alimenta las peores sospechas sobre las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El posible uso de recursos públicos para solventar operaciones sucias -o alimentar patrimonios personales de los espías- se vio beneficiado por el oscurantismo financiero que reinstauró Mauricio Macri en los albores de su gestión. Y a eso se sumó una burocracia laxa, que permitía retirar fondos a «sola firma» de los directores de área, sin más detalles que una descripción general de los gastos a realizar con el dinero, que se retiraba en efectivo.

La intervención que encabeza la ex fiscal Cristina Caamaño no pudo precisar aún cuánto dinero se entregó con baja o nula rendición de cuentas, pero la proyección de gastos que las distintas áreas realizaron para 2020 da un indicio de la magnitud del derrame: la agencia de inteligencia macrista, bajo la conducción de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, había proyectado para este año un presupuesto de 3500 millones de pesos, de los cuales 2000 millones se destinarían a pagar sueldos -que también se abonaban en efectivo- y otros 1500 millones irían a gastos, tanto operativos como de administración general.

Un cálculo preliminar indica que la cifra erogada en 2019 habría superado los mil millones de pesos, si se resta la actualización por inflación.

En la AFI macrista la burocracia de los desembolsos era sencilla: el dinero fluía hacia las distintas áreas a pedido de la dirección de cada división.

Bastaba con completar una planilla requiriendo el dinero, consignar un motivo general -por ejemplo, «gasto operativo»- y rubricar el formulario para que la tesorería librara los fondos solicitados, a la manera de un cheque al portador.

Si bien a priori podría parecer hasta prolijo, el método desconoció distintas normas administrativas, como la Ley 24156, que exige el registro al detalle de las erogaciones.

Las irregularidades se extendieron a los gastos del personal con asiento en el extranjero, la compra directa de insumos por encima de los montos máximos establecidos para ese tipo de operaciones, y al pago de servicios corrientes, como el de telefonía celular, a través de caja chica.

El descuido de los recursos en la AFI incluyó episodios insólitos, como la omisión de la firma de un convenio con YPF para abaratar el costo del combustible para la flota de 600 vehículos que posee el organismo.

O que no hayan ingresado a las cuentas de la agencia los 12 millones de dólares que se pagaron por el remate de dos de sus inmuebles.

Según pudo rastrear la intervención, el dinero ingresó en la Administración de Bienes del Estado, pero nunca se giró a la cuenta recaudadora de la AFI.

Como en un juego de cajas chinas, cada paquete que desarma la intervención contiene un hallazgo aún más sorpresivo. Luego de constatar el nombramiento de unos 500 agentes tras las PASO -cuando el epílogo del ensayo macrista era una posibilidad palpable-, la auditoría financiera destapó un festival de gastos fuera de control.

Un modo de comenzar a recobrar el dominio financiero del organismo será blanquear a todo su personal, que pasará a cobrar mediante débito bancario, como ocurre con la inmensa mayoría de los empleados tanto estatales como privados. Luego abrirá sus cuentas a los organismos de Control: contará con una unidad de auditoría interna que estará encabezada por un representante de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La medida fue anunciada esta semana luego de una reunión entre la interventora Caamaño y el titular de la SIGEN, Carlos Montero.  «


El sobre del escándalo

El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó declaración a seis testigos vinculados con el hallazgo de un sobre con U$S 10 mil en una oficina de un exfuncionario macrista.
El sobre fue encontrado en la oficina del exsecretario de Coordinación del Ministerio la Producción y Trabajo, Rodrigo Sbarra. En el lugar también se habría hallado otro sobre con anotaciones en los que figuraban cifras en pesos y en dólares, fechas y hasta el nombre de una empresa.
El dinero fue encontrado por un empleado de la cartera que conduce el ministro Matías Kulfas.