El detenido empresario Cristóbal López fue intimado por la Afip para pagar impuestos a las ganancias y a los bienes personales por los períodos 2017 y 2018 pese a que tiene todos sus bienes embargados. Ante ese escenario, López pidió que de sus bienes afectados al expediente en el que está preso se extrajera el dinero para hacer frente al pago, ya que la propia Afip es parte en la causa.

Pero el organismo a cargo de Leandro Cuccioli, representado por el excamarista federal, legislador por la UCR y exministro de Justicia de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, se opuso a la cancelación de los tributos en esas condiciones. Es decir, el organismo recaudador rechazó percibir impuestos porque «esas sumas se encuentran afectadas como garantía del pago de las costas y/o de una indemnización en caso de que corresponda, y no para el pago de impuestos». El tribunal oral federal N° 3 consintió esa negativa.

Conclusión: la Afip no cobra los impuestos, López aparece como un evasor y el dinero permanece inmovilizado.

López, detenido por «defraudación agravada» de unos 8000 millones de pesos, había pedido que de sus bienes embargados se transfirieran a la Afip 10.736.416,18 y 2.611.514,97 pesos «en concepto de impuesto a las ganancias y bienes personales respectivamente, que se corresponden al período fiscal 2017». Y añadió que de esa manera quedaba en claro «inequívocamente su voluntad de responder con todos los bienes a su disposición con la medida cautelar» en su contra. Incluso presentó en el expediente la intimación cursada por la Afip el 12 de junio pasado, cuando ya había sido detenido por segunda vez.  Luego de esa primera intimación hubo otra más.

El empresario señaló que «no cuenta con otros medios para abonar lo adeudado». Pero la Afip explicó que la finalidad del dinero embargado es otra. «De acceder a lo que solicita la defensa, esa garantía se vería menoscabada».

Los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni decidieron «mantener el criterio y fundamentos por los cuales hasta el presente se dispusieron las medidas de resguardo del patrimonio del imputado». Y añadieron: «Teniendo en cuenta su finalidad, no se dispondrá la transferencia de las sumas solicitadas por la defensa, para el pago del impuesto a las ganancias y bienes personales». Así, la propia Afip, que llevó a juicio al empresario por evasión tributaria, rechazó el cobro de otros impuestos y forzó a López a volver a cometer el mismo delito.

La decisión ya fue apelada y ahora será Casación Penal la que resuelva, en definitiva.  «