La ANSES dejó sin recursos a la fiscalía que la debe controlar

Se trata de la UFISES, que investiga irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que denunció a IECSA, la ex constructora de Calcaterra.
7 de Junio de 2017

Un nuevo escándalo asoma en la ANSES. El pasado 2 de junio, el titular del organismo previsional, Emilio Basavilbaso, dio de baja los convenios de colaboración que esa entidad tenía con Unidad Fiscal de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES). El acuerdo indicaba que la ANSES debía financiar el funcionamiento de la fiscalía especial creada, precisamente, para auditar los manejos de una de las mayores cajas del Estado. La resolución 104-2017 le quita recursos a esa misión: a partir de la anulación del convenio, la ANSES dejará de pagar los sueldos del personal de la UFISES, e incluso la habilita a remover la oficina que la fiscalía ocupa en la sede del organismo.

La historia del convenio se remonta a 2002. Ese año, el entonces procurador general Nicolás Becerra firmó un convenio de cooperación con el organismo previsional para crear una unidad especializada en materia de delitos vinculados a los recursos de la seguridad social. Ese mismo año se creó la UFISES, que tiene a su cargo la investigación de ilícitos que pueden afectar los recursos públicos destinados a solventar jubilaciones, pensiones y asignaciones de la seguridad social.

Para garantizar el funcionamiento de la Unidad se acordó que la ANSES iba a aportar todos los recursos materiales y edilicios y los montos necesarios para abonar el salario de los trabajadores, con excepción del sueldo del Fiscal. En 2015, la procuración firmó un nuevo convenio de colaboración con el organismo en el que se ratifican las condiciones del acuerdo.

La resolución de Basavilbaso reconoce que el convenio “representa un esfuerzo tendiente a procurar mayores niveles” de transparencia, pero igual decide no renovar el convenio con la promesa de crear un nuevo marco “más amplio e integral”. La resolución argumenta, además, que la ANSES ya cuenta con una Dirección de Asuntos Penales que oficia de enlace con el Poder Judicial, y que la decisión responde a la necesidad de volver “más eficientes” el uso de los recursos del organismo.

Fuentes de la ANSES deslizaron que en los próximos días se reunirán con la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, para forjar un nuevo acuerdo que no implique, eso sí, el pago de sueldos y otros gastos operativos. En la Procuración desconfían. Y le adjudican la decisión a las denuncias que la fiscalía especial, que conduce Gabriel de Vedia, viene realizando sobre el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

En efecto, en los últimos meses la UFISES denunció a los directivos de IECSA -la constructora ligada a la familia presidencial- por incumplir el depósito de los aportes retenidos a sus empleados por un monto superior a ocho millones de pesos. La fiscalía también remitió a la justicia un informe sobre la venta de las acciones de Solvay Indupa que, según la procuración, determinó un perjuicio de más de un millón de dólares para el FGS.

Los cortocircuitos entre la UFISES y la cúpula de la ANSES no son nuevos. En su momento, la fiscalía denunció a Luis María Blaquier por negociaciones incompatibles con la función pública y por incumplimiento de deberes de funcionario público en su rol de director del FGS. Y el fiscal De Vedia puso en aprietos al propio Basavilbaso cuando dictaminó en contra de la alteración de la fórmula de cálculo para actualizar los haberes de la seguridad social.

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