Hace unas horas terminó en Buenos Aires la reunión cumbre del Mujeres 20, el grupo de afinidad del G20 encargado de elaborar recomendaciones vinculadas con la situación de las mujeres y las brechas de desigualdad. Culminó un proceso de varios meses en los cuales organizaciones de mujeres y feministas intentaron influir en estos mensajes, finalmente discutidos y consensuados por delegadas de todos los países del G2

Uno de los ejes de debate y recomendación fue el de inclusión laboral. A lo largo de estos meses, fue clara la brecha entre las propuestas promovidas y apoyadas por las organizaciones de mujeres y feministas, y el abordaje de quien lideró el W20, designada por el presidente Macri. En la visión oficial, el empoderamiento económico de las mujeres se entiendió de manera restrictiva, vinculado principalmente con el fomento del microemprendedurismo, la inclusión financiera, comercial y digital, la paridad salarial y la mayor participación de las mujeres en cargos de conducción de las empresas. Una clara expresión de esta visión fue la conformación del programa de la reunión cumbre, donde más del 55% de las personas que expusieron eran representantes de grandes empresas privadas o de fundaciones vinculadas con ellas. Por el contrario, desde las organizaciones de mujeres se insistió con los temas estructurales que dificultan la participación laboral y deterioran la calidad del trabajo de las mujeres: la injusta organización social del cuidado, la lógica contractiva de las políticas de ajuste, la amenaza sobre el empleo de las políticas de liberalización, la violencia y el acoso laboral, la precarización del empleo, la desprotección social, los mecanismos de discriminación en el acceso a empleos y recursos económicos, las dificultades para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

El comunicado final se acordó en una tensa reunión, donde algunos de estos temas estructurales para la inclusión laboral quedaron relegados, pero donde varios se incluyeron gracias a la insistencia de las delegadas provenientes del movimiento de mujeres y de derechos humanos, y al trabajo acumulado en estos meses. Estas recomendaciones, sin embargo, no son vinculantes. Y la principal dificultad para su aplicación es la propia lógica que domina los gobiernos de los países que conforman el G20, que impulsan políticas que recrudecen el conflicto entre el capital y la vida, y que por tanto nos impone a los feminismos un ejercicio persistente de resistencia. «