El impacto de la brutal devaluación de la semana pasada –el dólar subió un 26%– impulsará la inflación. Los especialistas discuten cuántos puntos porcentuales se agregarán a un piso de suba de precios que ya rondaba el 45% para este 2019.

En estas condiciones, se sabe, los principales perjudicados serán los asalariados. Los que cuentan con paritarias, recibirían este año un alza del salario de alrededor del 30 por ciento. Más allá de los contados casos donde los sindicatos lograron incorporar en sus acuerdos cláusulas de actualización automática (ver recuadro), la disparada de precios puso a la orden del día la reapertura de las negociaciones, allí donde hay revisiones pautadas o incluso donde no las hubiera.

Para la inmensa mayoría de los trabajadores, de cualquier forma, el panorama es muy sombrío. Los no registrados, monotributistas y autónomos, más allá de los paliativos que promovió el gobierno, no cuentan con organizaciones sindicales que los representen en defensa de su poder adquisitivo.

En este escenario, la política de la conducción de la CGT será la de evitar un medida de fuerza. Cada sindicato deberá pelear por la propia.

Jorge Sola, secretario de Prensa de la CGT, le dijo a Tiempo que «la posibilidad de reapertura de las paritarias no depende del gobierno sino de la presión que cada sindicato puede hacer ante sus propias cámaras». El dirigente explicó que «lo único es tratar de que el presidente gobierne e intente tranquilizar la situación económica. Vamos a poner todos los esfuerzos en la única herramienta que tenemos, la paritaria». Y justificó: «Cada gremio tiene una realidad diferente. Plantear una situación que abarque a todos no es lo más conveniente».

La CGT reunirá su Consejo Directivo esta semana para «coordinar la postura que llevaremos al Consejo del Salario del jueves 22. Mantendremos el reclamo de que el Salario Mínimo, Vital y Móvil sea llevado al valor de la canasta familiar», señaló Sola.

Se trata de la primera negociación paritaria posterior a la devaluación. La negociación debe dar respuesta a la desvalorización del 20% del poder adquisitivo que sufrió el SMVM en un año. Además de él depende el valor del Salario Social Complementario que perciben los trabajadores desocupados organizados.

Sin embargo, algunas organizaciones sociales han desestimado movilizarse en la fecha.

Rafael Klejzer, dirigente de la CTEP, explicó a Tiempo que «es la primera vez que vamos a entrar a la reunión y, además, no se va a resolver ese día el problema. El 22 haremos asambleas y movilizaciones en cada municipio. Proponemos una movilización el 28 de agosto junto al movimiento obrero en la 9 de Julio, como el 21F. El concepto es que sea masivo y en unidad». Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, también integrante del Triunvirato Piquetero, confirmó la información y agregó que «esperamos movilizar a 100 mil personas ese día».

Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, señaló que  en el congreso nacional del próximo 21 se definirán «los reclamos y la convocatoria a otros sectores, la CGT, las organizaciones sociales y del empresariado, para reclamar una garantía de que la política económica no dañe todavía más a los sectores postergados». Sobre el jueves 22, confirmó que «no va a haber ninguna acción al Consejo del Salario. Vamos a pedir una adecuación en función de la canasta básica y a reclamar que se pague en una sola cuota». Coincidió, además, con la estrategia de la CGT: «Cada sindicato va a reclamar. Luego evaluaremos las respuestas».

Tiempo consultó a Sola si las condiciones ameritan una medida de acción de la CGT. «Es imposible, no es momento», contestó, y agregó: «Vamos a preservar la institucionalidad y ayudar a mantener la paz social. La presión más fuerte que puede haber fue el voto del domingo y eso es superior a cualquier medida de fuerza. Hay que ayudar a que la cosa se tranquilice».

En la misma línea, Yasky opinó que «hay sectores poderosos que no quieren la salida sea electoral. No hay que generar ningún escenario que les sirva de pretexto».

En ese ámbito, consultados sobre la actitud más adecuada de Alberto Fernández para la transición, Yasky señaló que «es apenas un candidato que todavía tiene que ir a la elección general. Se tienen que cumplir los plazos constitucionales para que nadie pueda decir que fueron desalojados del poder antes de tiempo». «

Cláusula gatillo: sólo para unos pocos

Por la escalada de precios que surgirá a partir de la devaluación del peso se abrirá paso entre los sindicatos el reclamo de la indexación mensual del salario que permita preservar el poder adquisitivo.

Este año fueron muy pocos los sindicatos que lograron incorporar en sus acuerdos la cláusula gatillo que actualiza los haberes en forma automática. Se trata de los docentes de Salta (tras una huelga de tres semanas), los docentes porteños y los docentes universitarios. Según pudo saber Tiempo, en ambos casos buscarán, a través de asambleas y medidas de fuerza, exigir la incorporación de nuevos gatillos que habiliten más actualizaciones en fechas intermedias.

En el sector privado, el sindicato del Neumático logró estirar la paritaria de 2018 hasta septiembre de 2019 con una cláusula de esa naturaleza y que ahora tratarán de renovar para el próximo período.

Convocan a Plaza de Mayo

El viernes pasado, el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), que agrupa a los sindicatos clasistas y de izquierda, reunió a más de un centenar de dirigentes en la sede porteña del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna). Además de los anfitriones participaron la Unión Ferroviaria de la seccional Haedo, la AGD-UBA, el sindicato de Radio Nacional Atrana, una decena de gremios distritales docentes de la provincia de Buenos Aires y el porteño Ademys, el gremio de médicos bonaerenses CICOP y las minorías de los metrodelegados y Foetra, entre otros. También los referentes de las organizaciones piqueteras lideradas por el Polo Obrero que la semana pasada colmaron la Plaza de Mayo con 50 mil asistentes.

Se discutió un documento que señala que «La derrota histórica de Macri fue utilizada por el gran capital para imponer un mazazo mayor a la clase obrera. El gobierno amenaza al electorado con que todo será peor si no se lo vota en octubre». Para ellos, «la corrida cambiaria es un chantaje a los trabajadores».

En el texto señalan que «Alberto Fernández convalidó este ataque contra el pueblo al afirmar que el dólar a $ 60 está bien». Por eso, aunque consideraron que «la burocracia sindical asume la tarea de inmovilizar al movimiento obrero», exigen «un paro activo nacional de 36 horas».

El sector, junto con la CTA-A, se movilizará el jueves 22 a la ex sede del Ministerio de Trabajo, donde se realizará la reunión del Consejo del Salario. Luego, cerrarán con un acto en Plaza de Mayo.