A mediados de enero, uno de los miembros del binomio que ahora conduce la CGT, Carlos Acuña, declaró a los medios de comunicación que «las condiciones están dadas para un paro general». A la hora de dar cuenta de los motivos, el dirigente puntualizó que «la sociedad está muy disconforme con la actitud del gobierno. No es momento de alegría, son momentos difíciles, de tristeza».

Apenas cinco días después, Omar Maturano, dirigente del estratégico gremio de La Fraternidad (maquinistas ferroviarios) e integrante del Consejo Directivo de la CGT, fue más a fondo: «Desde diciembre que están dadas las condiciones para un paro general», dijo. Incluso, confió que «la CGT está evaluando la fecha».

Trascendidos indicaban que los dirigentes buscaban agendar la medida para fines de marzo o principios de abril.

Maturano señaló que la medida de fuerza perseguiría el propósito de garantizar un piso de aumento del 30% para las paritarias del año que comienza, cuando el gobierno espera una suba de precios del 23% durante el período.

De aquel tiempo a esta parte el silencio se apoderó del edificio de la calle Azopardo, a pesar de la oleada de despidos y cierres de plantas que se han ido sucediendo casi a diario.

Consultado por Tiempo, Jorge Sola, secretario de Prensa de la CGT y titular del Sindicato del Seguro, aclaró que «la verdad es que no hay una postura institucional porque no hubo reunión de Consejo Directivo ni de la mesa chica. Son posiciones particulares de cada uno de ellos». Por otro lado, reconoció que «no hay ninguna reunión pautada. En todo caso (Carlos) Acuña o (Héctor) Daer deberían convocarla».

Ambos dirigentes evitaron dar cuenta a este diario de cuáles son sus planes de corto y mediano plazo.

Lo curioso es que la última decisión orgánica que tomó la CGT fue la de dejar sin efecto el paro que estaba dispuesto, sin fecha, para fines de noviembre luego de que el gobierno decidiera establecer por decreto el pago de un bono de fin de año de $ 5000 en dos cuotas y dictaminar la creación de un mecanismo para garantizar la intervención de la Secretaría de Trabajo ante cada despido que decidieran adoptar las empresas. El mecanismo, que incluso disponía la aplicación de multas para las patronales que incumplieran la disposición, jamás fue reglamentado y expiró por su propio peso.

De hecho, entre diciembre y enero, se aceleraron los despidos y cierres en particular en el sector industrial sin que hubiera mediado intervención alguna desde el Poder Ejecutivo. Tampoco se hicieron escuchar quejas o reclamos por esta omisión desde la cúpula de la CGT.

A fines de diciembre, fue Héctor Daer el que alzó la voz contra el hipotético plan del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, de retomar la agenda de la reforma laboral.

Si bien es cierto que desde el gobierno dejaron trascender que intentarán avanzar con un proyecto de ley parcial que incluiría el blanqueo laboral y la autorización para crear Fondos de Cese Laboral en reemplazo del mecanismo indemnizatorio tradicional, al mismo tiempo dieron pie a una agresiva campaña para abordar la reforma de los convenios en textiles, camioneros, metalúrgicos y obreros marítimos (ver aparte).

Esa sola ofensiva, más allá de las dificultades que encuentra el gobierno para que avance (ver página 14), por su alcance, debió desencadenar  una respuesta de alcance general que tampoco se produjo.

La actividad de los dirigentes se consume en tallar en la interna del PJ de cara a las elecciones de octubre de este año para las que, en principio, impulsan la candidatura de Sergio Massa.

Así las cosas, el silencio de la conducción de la CGT contrasta cada vez más con el reclamo de los trabajadores en favor de una acción urgente.  «

Sindicatos combativos marchan el 14 de febrero

El Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), del que participan el Sindicato del Neumático, AGD-UBA, Ademys, la seccional Haedo de la Unión Ferrioviaria, el Sindicato Ceramista del Neuquén, la CICOP y una decena de seccionales del Suteba, entre otros, convocó a una reunión abierta en la que definió una serie de medidas de acción previas a una movilización a la Plaza de Mayo pautada para el  próximo 14 de febrero. Del convite participaron dirigentes del Sindicato Aceitero, en pleno conflicto por el cierre de la aceitera Cofco, además de representantes de los conflictos fabriles más resonantes del momento, como Interpack, Siam, Pilkinton y Sport Tech, entre otros.

La declaración de convocatoria exige un paro de 36 horas a las centrales sindicales que «han extendido a más no poder su parálisis» y reclaman un plan de lucha «para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores». Allí señalan que el «Estado y las patronales buscan asestarles un golpe estratégico a los trabajadores y establecer un nuevo piso de explotación en la Argentina».

Por eso, sostienen que, «la lucha es ahora».

Salario y empleo siguen en picada

La semana que pasó fue escenario de una serie de informes oficiales que dieron cuenta del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores en la Argentina durante 2018.


Según datos del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA-AFIP) difundidos por la Dirección de Estadística de la Secretaría de Trabajo, hasta el mes de noviembre se perdieron casi 200 mil puestos de trabajo registrados de los cuales el 47% corresponde a la industria, el 25% al comercio y el 18% a la construcción.


Con todo, las perspectivas son todavía más sombrías. Es que el mismo informe incluye la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que dio cuenta de una expectativa empresaria de creación de empleo negativa en un 0,6% (surge de la resta entre las empresas que manifiestan su intención de contratar nuevos empleados y aquellas que aseguran desprenderse de ellos).


El resultado es el más bajo desde junio de 2009 cuando había caído hasta un -1,2% y es el tercer peor resultado desde que se realiza el relevamiento en junio de 2004. El otro mes que supera ese índice de expectativas es abril de 2009 con un -0,7 por ciento.


El informe oficial, además, da cuenta de un deterioro del poder adquisitivo del salario de los empleados bajo relación de dependencia de un 9,4% entre los meses de noviembre de 2017 y 2018.


En la misma línea, el Indec dio a conocer su informe de evolución de salarios que incluye el trabajo no registrado. Tomados en forma global, los salarios quedaron 22 puntos por detrás de la evolución de los precios en un año. Para el salario en negro, la distancia se estira hasta llegar a 27 puntos. «