La conducción de la CGT salió de un extenso letargo y reunió a su Consejo Directivo luego de casi cuatro meses.

La reunión, realizada en la tarde del jueves, se produjo con el compromiso previo del gobierno de liberar, mediante un inminente decreto, parte de los fondos que el Poder Ejecutivo adeuda a las obras sociales sindicales.

Se trata de $ 14 mil millones que serían desembolsados en forma inmediata así como $ 18 mil millones que se irían depositando en el transcurso de la próxima década.

La reunión, además, se realizó con los proyectos de ley de blanqueo laboral y de creación de la Agencia Nacional de Salud sobre la mesa, ambos elaborados por el gobierno nacional, y que, a pesar de implicar fuertes exenciones tributarias para las patronales, cuentan con el aval de los dirigentes de la CGT.

Así las cosas, y a pesar de que Andrés Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la CGT, reconoció a Tiempo que en la propia reunión «se alzaron voces en favor de darle continuidad a la medida e incluso contemplar la posibilidad de un paro», la resolución del cónclave fue la de ratificar la realización de una marcha  el 4 de abril de Plaza Miserere hasta el cruce de la Avenida de Mayo con 9 de Julio.

El secretario adjunto de la CGT y líder de la Unión del Personal Civil de la Nación, curiosamente, reconoció a Tiempo que «sabemos que la situación no va a cambiar con la marcha». Además, destacó que «en un año politizado por ser electoral, medidas como un paro o un cronograma prolongado no son la mejor idea. Primó la idea de ir resolviendo qué hacer a cada paso».

Héctor Daer, uno de los miembros del binomio que conduce la central obrera, destacó hace pocos días y en referencia a la posibilidad de un nuevo paro nacional que «no existe Plan B para los trabajadores, el único plan es ganar las elecciones». El viernes señaló que «el objetivo no es hacer un paro, sino buscar las alianzas para lograr la unidad electoral».

Es en este punto donde cobra una mayor relieve el carácter de la movilización acordada inicialmente entre la mesa chica de la CGT, los gremios industriales y diversas entidades empresarias alrededor de un planteo de «defensa del empleo y la producción».

La consigna empalma con  el programa histórico del peronismo que asocia los intereses de la clase trabajadora a los del empresariado nacional.

De hecho, la convocatoria, por el momento obtuvo la adhesión cerrada del arco sindical, incluyendo el bloque opositor agrupado alrededor del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSiMoNa), mayoritariamente identificado con el kirchnerismo.

Sin embargo, la movilización ejercerá, objetivamente, una presión en favor de la unidad electoral del peronismo.

El binomio dirigente de la CGT ya adelantó su inclinación en favor de la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, quien rechaza una alianza electoral con el kirchnerismo y, además, cuenta con el apoyo del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) del ferroviario Sergio Sasia y el taxista Omar Viviani, grupo que esta semana decidirá marchar el 4 de abril.

En un cónclave del FreSiMoNa, sus dirigentes definieron participar en forma diferenciada y anunciaron la intención de dar continuidad a al plan de lucha e, incluso, dieron a entender la posibilidad de realizar un paro de actividades por su cuenta.

Pero la indefinición de Cristina Fernández de Kirchner en lo que se refiere a su propia postulación jugará un papel de contención del FreSiMoNa que, en estas condiciones, dificilmente reúna las condiciones para «sacar los pies del plato» durante los días previos y en la propia movilización. «