En medio de críticas y de tensiones internas, la CGT negociará desde las 10 con empresarios y funcionarios del gobierno el pago de un bono de fin de año como mecanismo para paliar la pérdida de poder adquisitivo del salario, cuya caída en los últimos meses por efecto de la inflación ronda el 10% según cálculos privados.

Dos altos dirigentes de la central obrera adelantaron que la entidad reclamará en Casa Rosada que las empresas paguen un bono con piso en los $ 2000 pesos. Las empresas buscarán imponer su voluntad de que la cuestión se resuelva sector por sector, de acuerdo con los números y las posibilidades de cada ámbito de la economía, como adelantaron dirigentes empresarios, especialmente desde el ámbito de la industria.

El gobierno mediará con un equipo que encabezará el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y que contará con otros ministros, como Francisco Cabrera y Jorge Triaca, de Producción y Trabajo respectivamente.

La conducción cegetista arribará a Balcarce 50 sumido en fuertes cuestionamientos de parte de gremios que pertenecen a la central pero también a las dos CTA y a otras organizaciones representativas de los trabajadores en todo el país. Esos sectores objetan la táctica que implementó la dirigencia de la CGT reunificada frente al avance de los sectores más favorecidos de la economía local sobre el salario.

La CGT de hecho se bajó por las suyas del reclamo de reapertura de las paritarias y cedió a la presión del gobierno para imponer el pago de un plus no remunerativo en el último mes del año.

Otro hecho que despertó el malestar en los sectores populares fue la voluntad dialoguista del triunvirato de los secretarios generales Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, que a fuerza de postergaciones terminó por enfriar el reclamo de una medida de fuerza de carácter nacional contra la política económica del gobierno macrista.

Esa posición generó una creciente antinomia entre los principales dirigentes de la entidad reunificada con otras facciones internas, como los gremios de la Corriente Sindical Federal que encabeza el bancario radical Sergio Palazzo, algunos gremios importantes de la Confederación de Asociaciones del Transporte (CATT) hegemonizado por el moyanismo y el sector del Movimiento de Acción Sindical (MASA) que cuenta con el apoyo de sindicatos industriales de peso como el Smata, entre otros.

De fondo está latente la posibilidad de que el gobierno defina la devolución de fondos que el Estado retiene a las obras sociales, un reclamo que las organizaciones gremiales sostienen desde hace años.

La posición oficial es sentarse hoy a reclamar un bono para los trabajadores del ámbito privado con base en los $ 2000. Así lo adelantaron a la prensa el propio Carlos Acuña y otro alto secretario, el hombre de UPCN, Andrés Rodríguez. Por el lado de las empresas, el dirigente alimenticio, Daniel Funes de Rioja, fue el promotor central de una discusión dividida por sectores, en forma similar a su colega del consejo directivo de la Unión Industrial, el salteño José Urtubey. Los dos se encargaron de aclarar a la prensa que «no existe posibilidad de un bono generalizado».

La semana pasada el gobierno anunció el pago de un bono de mil pesos para los sectores que juzgó más necesitados, como los jubilados y pensionados y los beneficiarios de planes sociales. Los trabajadores estatales negocian informalmente en el ámbito nacional y oficialmente en las provincias.