La CIDH trató el caso AMIA: “Una justicia que tarda, no es justicia”

El CELS y Memoria Activa expusieron en las sesiones que la Comisión de la OEA realiza en Quito, Ecuador. Reclamaron que se considere al Estado Argentino responsable de no prevenir el atentado ni hacer justicia a 25 años de la explosión que causó 85 víctimas.
Por Pablo Roesler - @pabloroesler
11 de Noviembre de 2019

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó este lunes los alegatos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los testimonios de dos integrantes de Memoria Activa en la audiencia destinada al caso por la ausencia de justicia por el atentado a la sede de la AMIA cometido en 1994 que dejó 85 víctimas y 150 heridos. En la sesión los organismos de derechos humanos pidieron que el Estado Argentino sea declarado responsable por, entre otras cosas, la violación al derecho a la vida y la integridad por falta de prevención, del derecho de las víctimas a contar con garantías judiciales y por la violación del derecho a la verdad. También participaron representantes del Estado Argentino y la audiencia culminó con las palabras de la relatora Antonia Urrejola Noguera: “Una justicia que tarda, no es justicia”.

Se trató de la sesión de alegatos por el caso AMIA que se realizó en el marco del 174 período de audiencias públicas de Quito, Ecuador, y es el último paso para que la CIDH dicte su informe de admisibilidad y declare al Estado Argentino responsable de no prevenir el atentado, de desviar y encubrir la investigación y de negarle justicia y acceso a la verdad a las víctimas.

La posición de los peticionantes estuvo en manos de la la Directora de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, quien en su alegato dijo a la Comisión que el Estado debe ser declarado responsable por “la violación del derecho a la vida y a la integridad personal por la falta de prevención del atentado; la violación del derecho a la integridad personal de los peticionarios y de sus familiares por los padecimientos sufridos durante todos estos años”.

También pidió que lo declaren responsable de “la violación del derecho a contar con garantías judiciales y a una protección judicial adecuada; la violación del derecho a la verdad y la violación del art 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en forma autónoma”.

Litvachky detalló que “los atentados se previenen y se investigan”, pero que sin embargo, el Estado argentino no hizo ninguna de esas dos cosas”. En ese camino la representante del CELS  dio cuenta de los 25 años de impunidad transcurridos y aseguró que “el caso Amia es la historia de la mentira, del secreto para ocultar negocios y delitos y la falta de empatía con las víctimas”.

Además de señalar que el Estado argentino no se tomó en serio las amenazas de atentados –recordó  que dos años antes se había producido el atentado en la Embajada y que los servicios de inteligencia contaban con información de que se planeaba el segundo ataque- remarcó que la actividad principal del Estado argentino fue el encubrimiento: “Dos sentencias corroboran que el Estado se organizó para encubrir y que el fracaso de las investigaciones no fue ni por la complejidad del tema ni por mera negligencia”, dijo.

La primera sentencia fue la de 2004 que anuló la investigación del atentado por estar plagada de irregularidades. La segunda fue la de febrero pasado: "Dio por probada la ‘maniobra global de encubrimiento’ que constó del pago ilegal para acusar sin sustento a los policías y del desvío de la investigación para proteger a ciudadanos sirios cercanos a la familia presidencial”.

En esa línea señaló cuatro puntos que explican el incumplimiento estatal: que la investigación quedó sometida a los intereses políticos del gobierno de Carlos Menem; que el caso quedó sometidos a “los intereses geopolíticos de las agencias extranjeras” que impulsaron la versión oficial que culpabiliza a Iran y Hezbollah pero que no promueven la investigación; que el sistema judicial argentino estuvo dispuesto a inventar culpables y se plegó a esa configuración política  del caso; y por último,  el deficiente fucionamiento de los organismos de inteligencia y sel sistema judicial. “La manipulación y el desvío de la causa fue posible por la connivencia de funcionarios de estas agencias con intereses ajenos a la verdad”, señaló Litvachky.

La audiencia pública comenzó a las 10.30 en Quito y estuvo presidida por la comisionada jamaiquina Margarette May Macaulay. La acompañaron en representación de la CIDH el  comisionado para Argentina, el colombiano Luis Ernesto Vargas Silva, y la segunda vicepresidenta de la Comisión, la chilena Urrejola Noguera.

La audiencia pública comenzó con las declaraciones de Diana Wassner de Malamud y Adriana Reisfeld de Memoria Activa quienes repasaron los últimos 25 años de impunidad y encubrimiento.  “En una audiencia como ésta el Estado se declaró culpable de la falta de investigación”, recordó Wassner en referencia a la sesión de 2005 ante la CIDH que posibilitó que se intentara avanzar en la resolución del caso a través del diálogo. “Nos parece que ya no es momento de soluciones amistosas, el Estado no ha cumplido con su palabra”, apuntó la mujer.

Wassner remarcó que “no hay nadie preso por la causa AMIA, ni nadie ha sido juzgado por el asesinato de 85 personas. Y fue una decisión del Estado argentino que no sepamos la verdad”.  Por eso apuntó a la necesidad de la reparación: “para el Estado la causa AMIA no ha estado en su agenda, tampoco la verdad y la justicia. Por eso en las reparaciones queremos que esté presente la instancia educativa. La realidad es que ningún gobierno nos ha brindado respuestas ni una investigación seria”, dijo.

En ese camino remarcó el paso del tiempo y la continuidad de la impunidad luego de 25 años y recordó que un compañero de petición y miembro de Memoria Activa, Jorge Lew, falleció en julio pasado sin obtener justicia por la muerte de su hijo Agustín en la embajada.

Por su parte, Reisfeld remarcó que si bien todos los gobiernos los defraudaron, el de Mauricio Macri subió la vara: “El ministro (de Justicia, Germán) Garavano, como era amigo de Mullen y Barbaccia, nos dijo que no tenían nada que ver, hizo todo por salvarlos. No acusaron a los exfiscales en la causa por el atentado a la AMIA”.

Hace 20 años, en 1999, los familiares y amigos de las víctimas que integran Memoria Activa denunciaron la responsabilidad de la Argentina. Luego de que se conocieran los detalles por el pago ilegal a Telleldín y el TOF3 anulara la investigación del ex juez Galeano en 2004, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional con la firma de un acta y del decreto 812. Sin embargo, a 25 años del atentado los familiares siguen sin respuestas y el Estado no avanzó en la agenda de reformas institucionales comprometidas para evitar que hechos como estos se repitan.

En la audiencia participaron como representantes del Estado Argentino el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Ramiro Badía; el director del Porgrama Verdad y Justicia, Mariano Fridman, y Javier Salgado en representación de la cancillería argentina.  Los funcionarios enumeraron medidas y pidieron retomar el diálogo amistoso que las víctimas dieron por finalizadas por incumplimiento reiterado y permanente del estado.

La audiencia concluyó con el beneplácito de la comisionada Urrejola por el reconocimiento de culpabilidad del Estado Argentino, pero advirtió con su frase final que la demora en la justicia es impunidad. El siguiente paso será que la Comisión declare la admisibilidad del caso. Luego deberá pasar a ser tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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