En la lista de expedientes en trámite de la Corte Suprema de Justicia, cuando se ingresa el nombre de Milagro Sala aparecen 32 causas. Hay de todo: desde planteos por medidas procesales hasta apelaciones por condenas. Solo una de esas causas radicadas en el máximo tribunal tiene fecha anterior al gobierno de Cambiemos. Es de 2012 y lo último que ocurrió allí fue una resolución sobre un pedido del “beneficio de litigar sin gastos”.
Sin embargo, casi todas se referencian en hechos anteriores. Y, milagrosamente (valga el juego de palabras), se activaron con los cambios de los vientos políticos provinciales y nacionales.
En la mayoría de esos expedientes radicados en la Corte, el detalle de la consulta indica que no han tenido movimientos en, al menos, los últimos seis meses. Pese a que la dirigente social jujeña lleva cinco años presa sin condena firme, el máximo tribunal del país no parece tener apuro.
Las causas contra Milagro Sala se abrieron prácticamente todas después del 10 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió como presidente de la Nación y Gerardo Morales, como gobernador de Jujuy.
En un sistema judicial que en algunos casos demora hasta 20 años para que una investigación llegue a juicio y arribe a una sentencia (entre ellas AMIA y voladura de la fábrica militar de Río Tercero), gran parte de las causas abiertas contra Sala desde principios de 2016 ya tienen cuanto menos fallo de primera instancia. Y la mayoría son condenatorios.
En «Pibes villeros», Sala fue condenada a 13 años de cárcel por una presunta defraudación de unos 60 millones de pesos de planes de viviendas sociales. Ese es el principal expediente que sufre letargia en la Corte.
Sala también fue condenado a tres años de prisión como “instigadora” de una agresión con huevos y cánticos contra el hoy gobernador Morales cuando era senador por Jujuy en 2009, durante una exposición en una organización de profesionales de la economía. Esa condena fue declarada extinguida, pero en diciembre la Cámara Federal de Casación volvió a revertir la situación y la dejó al borde de una ratificación de la condena.
Cuatro años le habían aplicado por lesiones graves que sufrieron César ‘Luca’ Arias y Juan Carlos Maidana, dos dirigentes sociales enfrentados con la Tupac Amaru. Esa condena fue sobreseída por prescripción en septiembre de 2020 por el Tribunal Superior de Jujuy.
En la causa conocida como “Bombachas” (supuestas amenazas en el marco de críticas al funcionamiento de una comisaría diciendo: “Los voy a hacer volar a la mierda») fue condenada a dos años. Tampoco está firme.
Sala fue absuelta por un episodio conocido como “balacera de Azopardo”, un confuso enfrentamiento a tiros en 2007. También fue desestimada una causa por, supuestamente, haber mandado a secuestrar a un bebé para zanjar una interna con un sector disidente de la Tupac.
Curiosamente, la causa por la que fue detenida hace cinco años, la acampada en la plaza central de San Salvador de Jujuy días después de la asunción de Morales, es la que menos consecuencias le ha acarreado hasta ahora. En un juicio contravencional fue condenada a pagar una multa de menos de cuatro mil pesos y a tres años de inhabilitación para ocupar cargos en organizaciones sociales. Resta la parte penal, en la que está acusada por «instigación a cometer ilícitos y tumulto» (figuras que según el Código Penal contemplan penas de entre uno y seis años) que aún está en etapa de investigación.
Pero le queda por delante la denominada “Megacausa”, una investigación sobre supuesto desvío de fondos en la que están imputados funcionarios nacionales y provinciales, entre ellos el exgobernador Eduardo Fellner. «
