La Corte Suprema despejó el camino para la realización de un nuevo juicio oral y público contra el ex vicepresidente Amado Boudou, en esta oportunidad por presuntos sobreprecios en la compra de 19 vehículos de alta gama en 2009, cuando era ministro de Economía.

El máximo tribunal declaró “inadmisible” un recurso extraordinario que la defensa de Boudou en esta causa, a cargo del abogado Eduardo Durañona, había presentado contra el proceso que lo tiene a tiro de un nuevo juicio. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz también desestimaron, por cuestiones formales, una apelación presentada por Fernando Guidi y Guido Guidi, los titulares de la concesionaria en la que fueron comprados los automóviles.

A fines del año pasado, el juez federal Sergio Torres, a instancias del fiscal Ramiro González, clausuró la instrucción y  elevó el expediente a la instancia oral con la acusación contra Boudou por  «administración fraudulenta agravada por el perjuicio a la administración pública».

En el caso concreto se investiga –según la imputación- la compra de una «partida vehicular innecesaria, mediante subasta privada direccionada en favor de la empresa ‘Guido Guidi SA’, por un valor global de $ 2.301.227».

Boudou está sospechado de «procurar acomodar las consultas técnicas y asesoramientos legales que la adjudicación requería a los fines de otorgarle apariencia de legalidad al proceso».

La Corte advirtió que “el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello, se desestima la queja”. Ello significa, en los hechos, que primero debe realizarse el juicio y sólo después, eventualmente, el máximo tribunal podría tomar intervención en el expediente.

En el caso de los Guidi, la Corte consideró que “no se ha dado cumplimiento a los recaudos establecidos en el aprobado por la acordada 4/2007, por lo que corresponde desestimar la presente queja”. Esa acordada establece requisitos formales (extensión del texto, cantidad de líneas por página, entre otros) que debe tener un recurso de queja.

De esta manera, los últimos obstáculos para la realización del debate quedó despejada y el tribunal oral federal número cuatro deberá ahora fijar fecha para el debate.