Río de Janeiro, Brasil
Los abogados del expresidente Luiz Inácio «Lula» da Silva y de su esposa, Marisa Letícia, expresaron su repulsa por la denuncia presentada contra ambos en el marco de la Operación Lava Jato por un supuesto delito de corrupción pasiva al haberse beneficiado de unas reformas en un apartamento de Guarujá (São Paulo).
«La denuncia de la Fiscalía es un truco de ilusionismo; la rueda de prensa es un espectáculo deplorable», aseguraron en un comunicado en referencia a las explicaciones dadas por el fiscal encargado del caso, Deltan Dallagnol, al que critican por no haber aportado una sola prueba.
«La farsa ‘lulocéntrica’ creada ataca al Estado Democrático de Derecho y a la inteligencia de los ciudadanos brasileños (…) El delito de Lula para la Lava Jato es haber sido presidente de la República», lamentan los abogados.
En su opinión, el único hecho real «incuestionable» es que Lula y su esposa no son los propietarios del inmueble, que pertenece a la constructora OAS.
La defensa del expresidente remarca una vez más que ni él ni su mujer cometieron delitos de corrupción pasiva: «Si no son propietarios tampoco son beneficiarios de cualquier reforma allí hecha. No hay ningún artificio que pueda cambiar esa realidad».
El fiscal, en cambio, dice que al margen del apartamento Lula recibió 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) del dinero sucio de la trama de Petrobras y que él era plenamente consciente de lo que sucedía en torno a la estatal.
Según los investigadores de la Operación Lava Jato, el apartamento en cuestión, un tríplex de lujo en la costa, habría sido reformado por OAS -una de las empresas beneficiarias de la trama corrupta de Petrobras- y entregado a Lula en agradecimiento por los favores prestados.
La fiscalía pidió el miércoles que la justicia ordinaria acuse formalmente a Lula «como comandante máximo del esquema de corrupción que desvió miles de millones de dólares de la estatal Petrobras «, dijo Deltan Dallagnol, jefe de los fiscales del caso, en una rueda de prensa en Paraná (sur).
De inmediato desde el PT salieron a responder que esto forma parte de una operación para quitar a Lula de las elecciones de 2018, en las que sigue siendo el dirigente político con mayor caudal de votos, de acuerdo a las encuestas.
La expresidenta Dilma Rousseff se sumó a esa interpretación de la decisión del fiscal. «Es evidente que esta denuncia atiende al objetivo de aquellos que pretenden impedir su candidatura en 2018», expresó Rousseff, destituida hace dos semanas, en su cuenta de Twitter.
Según Rousseff, la denuncia de la fiscalía de la operación Lava Jato para calificar a Lula como jefe de la organización criminal en la empresa estatal Petrobras «hiere una vez más a la democracia».
«Una vez más una grave injusticia es cometida sin fundamentos reales, ciertamente el presidente Lula sabrá defenderse y las personas de bien sabrán reaccionar», agregó la exmandataria, destituida el 31 de agosto pasado.
El fiscal Dallagnol es un miembro de la iglesia bautista, hijo del procurador Agenor Dallagnol, y tras recibirse en la Universidad paranaense hizo un máster en la Universidad de Harvard sobre lavado de dinero.
