La Defensoria bonaerense denunció al Estado por el tarifazo: "Es ilegal e inconstitucional"

El abogado del organismo le detalló a Tiempo por qué el aumento en las tarifas eléctricas en la Provincia de Buenos Aires es irrazonable y que por eso judicializó la medida del gobierno.
14 de Mayo de 2018

Este lunes, la Defensoría del Pueblo bonaerense denunció al Estado nacional por haber habilitado a las empresas Edenor y Edesur para que avancen con una suba “ilegal, irrazonable e inconstitucional” de la tarifa eléctrica, según difundieron.

“Un usuario que consume hasta 300 kw/h tuvo que pagar desde febrero de 2016 hasta hoy un aumento del 1.500%, lo que representa una situación de clara pobreza energética, donde las familias tienen que postergar otros gastos para abonar los servicios, algo que impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables”, ejemplificó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

El organismo presentó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que “este organismo tiene la obligación, tal como lo marca la Constitución, de proteger los derechos de los consumidores, principalmente los de menos recursos”, señalaron desde la Defensoría.

En ese contexto Lorenzino acusó: “El gobierno nacional es responsable de que estemos ante una tarifa confiscatoria y casi imposible de pagar, y que le da la espalda al derecho constitucional que prevé la protección económica de los usuarios”.

También, la Defensoría también puso el foco en la tarifa social. “Con la denuncia también queremos dejar en manifiesto lo que sucede con la tarifa social, que con todas las modificaciones que le aplicó el gobierno hace que hoy el 70% de los usuarios que deberían estar alcanzados por este beneficio no lo tengan”, señaló Lorenzino.

En su denuncia, la Defensoría marca que los aumentos no son razonables, progresivos ni proporcionales. Además, al observar que los consumidores no podrán abonar la tarifa, pone el acento en el impacto que esta situación tiene en la prestación de un servicio eficiente y de calidad que exige la Constitución.

Fundamentos conceptuales de la denuncia

“Se lo divido por cada concepto”, detalló a Tiempo el abogado de la Defensoría Diego Beghelini. “Es irrazonable, en el sentido que se establece constitucionalmente. La razonabilidad tiene que ver con los medios y los fines. Usted tiene un fin que quiere obtener, que es que la población tenga acceda a este servicio esencial, básico que es la energía eléctrica, y que es un derecho humano. Y tiene los medios para acceder a eso que es que hay que financiarlo. Ahora, venimos de un proceso de años, que no se puede ajustar en dos. La razonabilidad, que es un concepto central de derecho constitucional, aquí está puesto en duda. El fin no es que se acceda al servicio eléctrico, sino que el fin, es quizás, bajar el déficit fiscal, generarle ganancias extraordinarias a las empresas. Entonces ya tenemos un problema”, marcó.

“Es ilegal, porque en 2018 ya tenemos una revisión tarifaria integral, tanto para el gas como para la luz, que se hizo entre 2016 y 2017. De ahora en adelante, el ajuste, la adecuación de la tarifa toma índices inflacionarios. Y los índices inflacionarios están prohibidos por leyes de orden público. Están prohibidos por la ley 23928, que es una ley vieja, de los 90, pero que fue ratificada por la 25561 que fue la que permitió la renegociación. Entonces, el Estado está tomando un método de adecuación tarifaria prohibido por la ley, por lo tanto, es ilegal”, subrayó.

“Y finalmente, es inconstitucional en un sentido más amplio, porque lo que no se tiene en cuenta desde el año 1994, que hubo una reforma constitucional muy importante, es que el centro de esta cuestión es el usuario. Y antes no lo era, antes era una parte de la ecuación. Hoy por el artículo 42 de la Constitución Nacional el centro de gravedad es el usuario. Entonces, el Estado y las empresas son partes que hacen a la prestación del servicio. Pero no son el fin. Entonces, si tenemos en cuenta que ese centro de gravedad es el usuario, y que por varios tratados internacionales, por ejemplo el Protocolo de San Salvador, dice que las personas tienen derecho a una vida digna, derecho a una vivienda digna y derecho a acceder a servicios básicos. Esas cuestiones se están poniendo en duda”, marco.

“Acompañamos la denuncia con facturas de Edenor y Edesur. Le puedo decir que vi facuturas de 39000 pesos, de 28000 pesos. No son la generalidad. Pero la generalidad son doce mil, diez mil, nueve mil. ¿Cómo paga una familia eso sólo de luz si la mediana del salario en Argentina es doce mil pesos?. No el promedio, la mediana, la mayor cantidad de salario uniforme en la población”, aclaró.

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