Agustín David Maril tiene 19 años y viajó a Santiago a fines del año pasado, desde su casa del Conurbano bonaerense. El 23 de enero estaba en las cercanías de la Plaza de la Dignidad, donde se desarrollaba una más de las muy masivas movilizaciones en protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera. Él asegura que estaba comiendo algo en uno de los boliches aledaños, cuando fue levantado por los carabineros. Las fuerzas de seguridad lo acusaron formalmente de provocar desmanes en la vía pública, e incluso en su causa agregaron cargos por “lanzar bombas” del tipo molotov.
En un principio le habían impuesto una pena de prisión preventiva por 45 días que supuestamente se cumplió el 15 de marzo, pero por los bemoles de la causa aún permanece en prisión. Este viernes en una nueva audiencia, la tercera en la que participa, el juez le otorgó la domiciliaria, que aún no se efectivizó porque el fiscal estatal apeló la sanción y la definición se postergó hasta el lunes. Probablemente, así Agustín podrá reunirse con su madre y su hermana que, desde el comienzo de la pandemia, viven en un departamento de Santiago, aguardando su liberación, y el eventual retorno a Buenos Aires.
Los organismos de Derechos Humanos acusan que casos como el del muchacho argentino son recurrentes en Chile y alertan que los presos políticos llegan a los 2500. La alternativa de la prisión domiciliaria es la recomendaba por muchos de esos organismos, tras una sugerencia de la propia Organización Mundial de la Salud, para no prolongar la estadía en las prisiones, en condiciones de grave hacinamiento, con los riesgos que ello implica. Además porque muchos de ellos ya cumplieron más tiempo en preventiva del que cumplirían con la eventual condena en la mano.
El caso de Maril se enmarca en un Chile que apenas está empezando a salir de una muy grave crisis sanitaria por la pandemia: al día de hoy mantiene alrededor de 370 mil casos y en las últimas horas se superó el registro de los 10 mil muertos, aunque el promedio diario haya bajado sensiblemente y se mantenga en menos de un centenar.
Al mismo tiempo, en el país no cesa el clima de protestas y represiones. Como la que sufrieron los mapuches que este jueves fueron víctimas de un procedimiento, y golpeados salvajemente en su territorio de la región de la Araucanía, en particular en la intendencia de Tirúa. Todo había comenzado la semana pasada con un ataque a los mapuches de parte de latifundistas y grupos de extrema derecha en La Araucanía, amparados por las fuerzas de seguridad. Pero fueron apresados algunos de los líderes de la comunidad originaria en Curacautín, Traiguén, Victoria y Collipulli. Las marchas de este jueves eran en apoyos de esos mapuches encarcelados, y a los 27 presos políticos mapuche que realizan una huelga de hambre hace más de 90 días.
En ese sentido, en las últimas horas, Aucan Huilcamán, líder mapuche y dirigente del Consejo de Todas las Tierras de La Araucanía, hizo un análisis verdaderamente alarmante: “Esta nueva etapa de odio racial podría desembocar en situaciones incontrolables”. Y recordó lo sucedido con su pueblo: «Hay que recordar que se cometió un genocidio y que está en completa impunidad».
Mientras el gobierno de Piñera se reagrupa sustentado por los grupos más derechistas del poder, y busca digerir el duro golpe que fue que la Legislatura sancionara la posibilidad que los ciudadanos pudieran recuperar parte de sus ahorros jubilatorios privados. Una sanción altamente emblemática por lo que simboliza el régimen de jubilación privada en Chile sancionado durante el pinochetismo. Ya lo reclamaron casi 5 millones de personas sobre un registro de 11 millones, una cifra que revela a las claras la situación política y social en el país.
