La eliminación de las cláusulas gatillo, el primer paso del plan oficial

La paritaria bancaria está bloqueada porque las patronales ofrecen apenas un 9% de aumento, 6 puntos por debajo de la meta inflacionaria oficial y 8 de los pronósticos de consultoras que mide el BCRA. El gobierno ahora se aferra al techo del 15% y apuesta a eliminar los mecanismos de actualización.

El ministro del Interior Rogelio Frigerio aseguró el viernes que el gobierno promueve que las cláusulas gatillo no sean incluidas en los acuerdos paritarios de 2018. Según el ministro, la nueva meta de inflación del 15% fijada por el BCRA sería suficiente para que no haya pérdida del poder adquisitivo y que, por lo tanto, los sindicatos deben confiar en su cumplimiento. 

El jefe de Gabinete Marcos Peña aseguró que "una responsabilidad compartida (entre el gobierno, empresas y sindicatos) es mantener las metas de inflación". Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA entre las principales consultaras, pronostica una inflación del 17,4% para 2018. El mismo relevamiento en diciembre de 2016 preveía una suba de precios del 21% para 2017 que, finalmente, llegó a un 24,8 por ciento. Los pronósticos privados para enero ya rondan el 1,7% por los aumentos en combustibles y para el primer trimestre llegarían al 6% por los tarifazos ya pautados en luz y transporte.

La primera paritaria de peso para el período que está en desarrollo es la de los trabajadores bancarios. Allí las patronales ofrecen un incremento del 9% en dos cuotas y sin cláusula gatillo. El año pasado este sector había acordado un acuerdo con esa modalidad y retroactiva el mes de enero. La aplicación de la cláusula gatillo implicó una actualización del 5,8%, más la retroactividad.

Otro caso en el que la cláusula gatillo fue aplicada es el de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires que habían acordado un incremento del 18% en cuatro cuotas de 4,5% con actualización automática trimestral. En otros casos, los acuerdos sólo pautaron la voluntad de generar nuevas negociaciones si las variables económicas sufrían modificaciones que superaran los pronósticos sobre las cuales se fundaban. Esos planteos, en general, fueron ignorados o se soslayaron a través de un bono compensatorio por única vez. En el caso de los empleados de Comercio, sin embargo, la cláusula gatillo no automática derivó en una negociación que plasmó un incremento suplementario de un 6% en tres cuotas sobre el 20% acordado. Los estatales de UPCN, a pesar de la ambigüedad del texto paritario, aseguran que a fin de mes el Estado Nacional honrará el acuerdo incrementando el 4,8% correspondiente a ese defasaje. 

Lo curioso es que la modalidad que el gobierno ahora pretende eliminar es una herramienta que había generado mucha resistencia del lado de los gremios, toda vez que, en la ronda paritaria de 2017, fue concebida para consolidar la pérdida del poder adquisitivo del salario de 2016 cuando los sindicatos exigían que la pauta salarial incluyera una recomposición hacia atrás. Ahora, la eliminación de la misma persigue el objetivo inverso de garantizar la pérdida del salario hacia adelante.

La orientación del gobierno nacional es contradictoria con las intenciones que habían esgrimido los funcionarios de la provincia de Buenos Aires que, semanas atrás, aseguraron que la cláusula gatillo había sido un instrumento que había "funcionado muy bien" y que evaluaban volver a recurrir a ella para la discusión de este año. En la provincia de Córdoba, el gobernador Schiaretti firmó la paritaria estatal en un 11% incluyendo la cláusula gatillo.

Con todo, para el gobierno no será fácil imponer a los sindicatos y a los trabajadores en general un techo del 15% sin cláusula gatillo a través de la desgastada figura de Jorge Triaca. «

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