Luego de la remoción de Alejandro Cacetta como titular del Incaa por una operación de prensa encabezada por Eduardo Feinnman, quien presentó un informe con datos cuestionables, el gobierno nacional apunta contra la Enerc, la escuela de cine que depende del Instituto. En ese informe se acusaba, por ejemplo, del desvío de una partida de 8 millones de dólares para modificar la infraestructura, sin embargo, todos aquellos que conocen el edificio de Moreno 1199 saben que fue realmente remodelado (las fotos están viralizándose por las redes) y, además, según cuentan los propios instructores y estudiantes bajo esta gestión se abrieron tres sedes regionales de la escuela y cuenta con una gran biblioteca sobre cine y talleres gratuitos abiertos a la comunidad.

Pablo Rovito es el primero que accedió por concurso a su cargo hace ya seis años. En un comunicado de la asamblea de estudiantes y egresados, instructores y personal ENERC le expresaron su respaldo, pero sobre todo el mecanismo por el que fue electo: “Apoyamos la gestión realizada por el actual rector Pablo Rovito, señalando que es el primero en llegar a ese cargo tras ser elegido en un concurso público. Su designación es totalmente legítima y no deviene de un nombramiento político. Sostenemos que se debe mantener el concurso como método institucional para esta designaciones.”

Este apoyo tiene que ver con que el rector Rovito no promovió ningún recorte sino que or el contrario potenció el crecimiento de la escuela. La preocupación de la asamblea del Enerc es que se trate de “una nueva embestida de sectores que consideran que el Cine Nacional es tan solo una ‘mercancía’ más que no debe ser sostenido por el Estado, y buscan desactivar los mecanismos de su legítimo financiamiento”. Se puede agregar que de darse la renuncia del rector, la asamblea decidió no aceptar ningún tipo de intervención y la defensa del Consejo Académico.

El objetivo político que se percibe en el fondo es un “ataque a la educación pública” y quitar la financiación del Incaa, que se sustenta con el 10% del precio de las entradas de cine según la Ley 24.377 –ley de cine— y quitar la cuota de pantalla que obliga a proyectar un porcentaje mínimo de producción nacional. Otros temas que se discutieron en torno a la asamblea, tuvieron que ver con la elección del titular del Incaa, en los grupos se debatía que si bien Alejandro Cacetta llegó a través de un consenso de varios sectores de la industria audiovisusal, no todos fueron invitados a esa mesa chica y ya pensaban que los sectores que no fueron escuchados en ese momento (como documentalistas, cine independiente, entre otros) deberían incluirse a la hora de elegir un nuevo titular.