La fiscalía pide a la corte que anule el mandato de Temer por corrupción

Por aportes ilegales para su campaña como vice de DIlma Rousseff
3 de Abril de 2017

Brasilia

A horas de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) comience a discutir el futuro político del presidente de Brasil, Michel Temer, la Fiscalía de ese fuero judicial acusó al mandatario de haber recibido junto a su entonces compañera de fórmula, la destituida Dilma Rousseff, unos 34 millones de dólares en la campaña del 2014 y pidió a la corte que anule ese mandato del Poder Ejecutivo iniciado en 2014.

"Todo este formidable volumen de dinero empleado en la campaña constituye abuso de poder económico y compromete la legitimidad y normalidad del pleito electoral", denunció el subprocurador electoral Nicolao Dino en un documento al que accedió el diario Folha de Sao Pablo y reprodujo la agencia ANSA.

Según la Fiscalía electoral, la campaña Rousseff-Temer recibió ese dinero de la constructora Odebrecht y Dino pedirá al TSE que anule el mandato presidencial que comenzó en 2014, separe del cargo a Temer y suspenda los derechos políticos de Rousseff, que en ese caso no podría presentarse como candidata a ningún cargo público en las próximas elecciones de 2018.

De los 34 millones de dólares aportados por Odebrecht que están en el centro del debate, -agregó Dino en el parecer divulgado por Folha- casi siete millones "fueron pagados por afuera (de la contabilidad oficial) al publicista Joao Santana".

Santana es uno de los especialistas en marketing electoral mejor pago de América latina, fue asesor de la campaña presidencial Rousseff-Temer y antes había trabajado para el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, además de varios políticos en otros países latinoamericanos y en Angola.

No es la primera vez que este famoso asesor queda en el centro de un escándalo de corrupción en Brasil.

Santana ya fue procesado en la investigación bautizada como Lava Jato, que reveló un también gigantesco esquema de corruptelas en torno a la petrolera estatal Petrobras, que no sólo incluyó a funcionarios y ejecutivos de la empresa, sino también a los empresarios que pagaban sobornos para conseguir contratos y licitaciones.

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