La guerra entre el presidente Donald Trump y el «estado profundo» demócrata entró en una fase que podría ser terminal tras la publicación de un informe en que se revela que el buró de investigación vigiló a personajes cercanos al mandatario mediante argucias poco trasparentes para lograr la aprobación de un tribunal secreto. El trasfondo de toda esta cuestión se centra en las presuntas relaciones del empresario inmobiliario con el gobierno ruso, al que los medios y un gran sector de la dirigencia política acusan de haber interferido para beneficiarlo en la elección de 2016.

En medio de esta disputa está el rol que el FBI cumplió ocultando información que perjudicaba a Hillary Clinton, la candidata demócrata, y la puesta como objetivo de Carter Page, un personaje del entorno de Trump que participó de forma tangencial en la campaña presidencial. ¿Con qué propósito? Para incidir en contra del polémico empresario y, ante su llegada a la Casa Blanca, para limar su presidencia y llevarlo a un callejón sin salida que lo obligue a renunciar o a acordar con los poderes constituidos.

Es así que el FBI utilizó datos aportados por un agente británico que era informante del buró desde hace años. Christopher Steele, en efecto, está en la nómina del MI6, la agencia de espionaje del Reino Unido pero por su trabajo para los estadounidenses cobró 160 mil dólares. 

La cuestión podría pasar como una mera transacción entre agentes, algo usual en el mundillo del espionaje, si no fuera porque el propio Steele confesó que hurgaba en todos los rincones para encontrar «suciedad» que comprometiera a Trump para que no ganara el comicio. Lo que no garantizaba que el dossier estuviera muy cerca de la verdad.

Por otro lado, Page –que efectivamente tenía contactos con los rusos, aunque por cuestiones de negocios puntuales– nunca fue involucrado como agente del servicio de inteligencia o adscripto a la nómina del gobierno de Vladimir Putin. Y eso que lo buscaron desde 2015.

Simplemente el FBI usó la información de Steele para pedir autorización ante el FISA (ver aparte) y tener de ese modo la cobertura legal necesaria en la operación. Y un juez «en las sombras» emitió el correspondiente consentimiento por cuatro veces consecutivas luego de vencido el plazo determinado para la pesquisa inicial. 

Lo también llamativo es que el informe de Steele fue oportunamente considerado por el entonces director de la agencia James Comey –luego despedido en forma casi humillante en mayo pasado por Trump– de «escabroso y no comprobado». 

Justin Raimondo es un vocero de los sectores más individualistas de EstadosUnidos, conocidos bajo el mote de «paleolibertarios». Por lo tanto no se lo puede calificar ni de pro-ruso ni de izquierdista. Raimondo analiza el rol del hombre que para el FBI vincularía a Trump en turbios acuerdos con Moscú como un comerciante que efectivamente se reunió con funcionarios rusos. Pero su delito, en realidad, sería que «se opuso a la histeria anti-rusa que impregna Washington y dijo que las sanciones contra Rusia eran un error». 

Las denuncias sobre presuntas relaciones de Trump con el gobierno de Putin fueron el caballito de batalla en el tramo final de la campaña y arreciaron ni bien el nuevo presidente se acomodó en el Salón Oval. 

En este camino fueron cayendo funcionarios como el asesor de Seguridad, Michael Flynn, acusado de haberle mentido al Congreso sobre reuniones con funcionarios rusos. La feroz embestida mediática le jugó una mala pasada, temeroso del ataque de la prensa, había ocultado algunos encuentros y fue descubierto. 

Ahora que otra vez Trump aparece en el centro de las controversias, el mandatario dio luz verde para publicar el Memo Nunes, por el presidente del comité de inteligencia de la Cámara Baja estadounidense, el republicano Devin Nunes. Allí se revela parte de esta trama y se acusa a lo demócratas de haberle pagado al agente del MI6 para enchastrar a Trump.

Los demócratas prometieron ahora publicar un informe «anti Nunes» con su versión de el entuerto en la agencia creada por Edgard Hoover en 1935.  Habrá que ver cómo sigue esta apasionante saga. «

Un tribunal kafkiano

La Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera fue promulgada por el presidente James Carter en 1978. Fue una forma que aparecía como adecuada para regular las intervenciones en el extranjero de agentes estadounidenses luego de las intervenciones y los golpes gestados por la CIA desde 1954. Esta ley creaba también el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC). El rol de esa verdadera corte paralela se hizo cada vez más importante sobre todo desde los atentados a las Torres Gemelas, en 2001, y tras la aprobación de la llamada Ley Patriótica. 

Si bien en teoría la ley aplica a ciudadanos extranjeros que actúen en EE UU, en la práctica resulta una normativa para la vigilancia global, como denunció en su momento el exagente de la CIA Edward Snowden. Lo peligroso es que el FISC es un tribunal secreto. El argumento es que como trata de cuestiones de espionaje, los jueces no pueden ser identificados ni tampoco sus decisiones. En este tribunal kafkiano se maneja la acusación que pretende derrocar a Trump.