Todos los caminos conducen a Roma. La Iglesia Católica aportó al menos 17 de los 25 expositores contra el aborto legal de las dos primeras jornadas de debate en el plenario de comisiones de Diputados. Muchos de ellos, docentes de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) o profesionales del Hospital Universitario Austral, del Opus Dei, eligieron presentarse como expertos en salud o en el mundo de las leyes, sin explicitar su fe religiosa. Oblicuos argumentos demográficos, fotos de fetos, violentos testimonios en primera persona y la presencia de Dios en el sistema jurídico argentino fueron las perlas de la semana. 

En la primera jornada, la Iglesia acaparó diez de las 16 alocuciones. Abundaron los argumentos sobre el inicio de la vida y los mandatos religiosos. Y Gustavo Carrara, el «primer obispo villero», dijo que «para las mujeres pobres los hijos son un tesoro».

También las ONG católicas dijeron presente. Oscar Botta, titular de Profamilia, cargó contra la educación sexual en las escuelas. «Cuando se reduce la educación sexual, baja la tasa de embarazo adolescente. Los violadores, los narcos y los grandes estafadores siguen libres, y a los únicos que se les va a aplicar la pena de muerte es a los niños y niñas», sostuvo. También llamó a votar contra los derechos reproductivos de las mujeres con el objetivo de poblar el país. «En un país despoblado como el nuestro, con tasa de natalidad decreciente, no hay política de población», argumentó en favor de la continuidad de embarazos no deseados. El derecho al aborto «atenta contra la seguridad demográfica» y consiste en «una desaparición forzada de personas».

Otra expositora de una ONG católica fue Mónica del Río, representante de la Red de Familias, una institución que promueve «la estructura natural de la familia fundada en el matrimonio de un varón y una mujer, abierto a la transmisión de la vida y el derecho y deber originarios de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas», entre otros postulados. Por el Observatorio Internacional de Políticas Públicas y Familia, a su turno, habló María del Carmen Martínez Pereda, quien aseguró que «embrión es persona humana y tiene derechos humanos», y alertó contra «grupos que insisten en desconocer los valores de la familia, la vida y la sexualidad».

Ya el jueves, sólo tres oradores lo hicieron en nombre de alguna institución católica. El resto no mencionó su pertenencia religiosa. Pero Juan Esteban De Erquiaga, por ejemplo, que se presentó simplemente como psiquiatra, también revista en la Universidad Austral. Lo mismo Graciela Moya, quien se anunció como doctora en Ciencias Biomédicas, pero no mencionó que es parte del cuerpo docente de la UCA y miembro de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano. Eleonora Pagano, investigadora del Conicet que habló como profesional de la UBA, también trabaja para el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UCA. Y el magíster doctor Lenin de Janon Quevedo, médico de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Santojanni y que así se presentó en la sala del anexo C de Diputados, también es parte del cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA. Lo mismo hizo María Inés Franck, quien expuso como «abogada y docente universitaria» y cuyo empleador también es la UCA.

Rodolfo Barra, por fin, exministro de la Corte y ministro de Justicia del menemismo, es profesor de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, de la que egresó en 1970. En la sesión inaugural, presentó como universal su visión jurídica particular, que «se es niño desde la concepción hasta los 18 años». «