La "industria del juicio"

(Foto: Hernan Mombelli)
Por Héctor Recalde - Abogado laboralista, Presidente F.U.E.N.T.E.S.
17 de Febrero de 2019

En el diario El Cronista del 30/01/2019 titulan que por la caída de esa "industria" las empresas ahorraron $ 30 mil millones. Aparentemente esa caída la vinculan a la última modificación de la Ley 27.348de riesgos de trabajo. Así lo afirma sin demora y con orgullo Gustavo Morón que está a cargo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Antes de comentar el objetivo que persigue esa norma, digamos que hay 200 mil razones más para explicarlo. Esa cifra es la cantidad de empleos perdidos en los tres años "gloriosos" de Macri. Obviamente si hay miles de trabajadores menos, menores van a ser los reclamos.

Volviendo a la alegría que le provoca a Morón el descenso de los pleitos, digamos que es de sentido común que baje la cantidad de juicios por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales cuando la Ley 27.348 en su artículo 1º alzó un muro más alto del que persigue el presidente Trump, para poner trabas a los reclamos judiciales.

Ese muro se levantó cuando la ley obliga a que antes de iniciar un juicio sobre alguna de esas dolencias, el trabajador debe concurrir a una Comisión Médica.

Uno podría decir varias cosas sobre la "independencia" y "objetividad" de dichas comisiones e incluso hacer abstracción en relación al rol que, respecto de ellas, tienen las empresas de lucro denominadas Aseguradoras de Riesgo de Trabajo o ART, pero más allá de ello, hay datos objetivos que demuestran la inconstitucionalidad de la ley que viola el Preámbulo de la Constitución Nacional, en cuanto no afianza la justicia ni promueve el bienestar general y la violación del art. 14 bis.

Un ejemplo claro de lo señalado precedentemente y que demuestra las barreras que le ponen a los trabajadores accidentados o enfermos a causa del trabajo en relación de dependencia, para obtener que se reconozca su derecho a la reparación, consiste en la cantidad de comisiones médicas que existen en el país y su distribución, quedando evidenciado la dificultad de los trabajadores de acceder a ellas.

Según últimos los datos oficiales que son del Censo del 2010 (hoy hay que calcular un 10% más de población por distrito ya que en la actualidad la población en números redondos aumentó de 40 millones de habitantes a 44 millones) la Provincia de Buenos Aires en la que viven  15.625.084 de personas, cuenta tan sólo con 21 oficinas de comisiones médicas para 307.571 km2, Córdoba, donde habitan 3.308.876, cuenta con 6 en 165.321 km2. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.890.151 habs. en 200 km2) con sólo una, al igual que Catamarca (367.828 habs. en 102.602 km2), Chaco (1.055.259 habs. en 99.633 km2), Corrientes (992.595 habs. en 88.199 km2), Formosa (530.162 habs. en 72.066 km2), Jujuy (673.307 habs. en 53.219 km2), La Pampa (318.951 habs. en 143.440 km2), La Rioja (333.642 en 89.680 km2), Misiones (1.101.593 habs. en 29.801 km2), Neuquén (551.266 habs. en 94.078 km2), Salta (1.214.441 habs. en 155.488 km2), San Juan (681.055 habs. en 89.651 km2), San Luis (432.310 habs. en 76.748 Km2), Santa Cruz (273.964 habs. en 243.943 km2), Santa Fe (3.194.537 habs. en 133.007 km2), Santiago del Estero (874.006 habs. en 136.351 km2), Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (127.205 habs. en 1.002.445 km2), Tucumán (1.448.188 habs. en 22.524 km2). La provincia de Chubut cuenta con dos comisiones médicas para 509.108 habs. en 224.686 km2, Mendoza (1.738.929 habs. en 148.827 km2) con tres oficinas de comisiones Médicas y Rio Negro (638.645habs. en 203.013 km2) con sólo cuatro.

Objetivamente estos datos demuestran la dificultad a la que está expuesto un trabajador que para poder llegar a una comisión médica debe recorrer cientos de kilómetros. Obviamente, tan sólo 56 comisiones médicas para  44.271.041 personas  en 3.761.274 km2 anulan la prevención, protección o resarcimiento en caso de accidente o enfermedad laboral.

Todo ello demuestra que si bien Macri no logró instalar la flexibilidad laboral en orden a los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo, si lo logró respecto de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. «

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