La jueza nacional Graciela Avallone, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 49, aceptó este martes por la tarde la medida cautelar presentada por el periodista Marcelo Diego Bartolomé y ordenó su inmediata reincorporación a la agencia de noticias Télam, al tiempo que exige a la empresa que “se abstenga de introducir modificaciones en las modalidades de prestación de servicios con pago de haberes y manteniendo los aportes y contribuciones a su obra social”.
Bartolomé, que se desempeña como prosecretario de redacción en la sección Audiovisual, sufre una grave enfermedad declarada en el año 2016 y debe someterse a un tratamiento médico permanente, que no puede ser suspendido sin ocasionar un importante daño para su salud, al menos hasta el año 2020.
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El planteo realizado por el doctor Leandro Recalde, abogado del periodista, calificó de “ilegalidad manifiesta” el despido de Bartolomé por una serie de motivos, relacionados todos entre sí. Sólo uno de ellos es que al ser 356 los empleados despedidos, casi el 40% de la planta total de trabajadores, Télam debería al menos haber presentado un procedimiento preventivo de crisis que la “habilite” -si tal crisis hubiese tenido algún argumento que demostrara certeza- a prescindir de semejante cantidad de empleados. Y de haber presentado ese recurso, la empresa hubiese quedado automáticamente obligada a tratar de manera especial el caso de Bartolomé por la enfermedad que sufre.
Se sabe que nada de eso sucedió en Télam, sino más bien todo lo contrario. Y el caso de Bartolomé deja en evidencia, por si hiciera falta, que el Estado no tomó ninguna precaución a la hora de confeccionar la lista de empleados echados por el ministro Hernán Lombardi y por la máxima autoridad de la empresa, Rodolfo Pousá.
El fallo
