El pasado miércoles fue publicada en Boletín Oficial la disposición 17-E/2017 de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales pertenenciente del Ministerio de Trabajo en la que se encomienda a la Dirección de Asuntos Jurídicos el cumplimiento del artículo 56 de la ley 23.551 de Asociaciones Profesionales. El objetivo es, tal como adelantara el presidente Mauricio Macri en el CCK, dar de baja 450 sindicatos con inscripción simple que, según el gobierno, se encuentran sin actividad. Lo curioso es que la letra de la disposición es una copia casi textual del artículo 120 del primer borrador de proyecto de ley de reforma laboral que fuera eliminado de la versión final que ingresó al Congreso luego de la negociación con el triunvirato de la CGT.

De este modo, este apartado sustraído del proyecto no deberá ser sometido al debate parlamentario y puesto a consideración de los representantes populares sino, que por esa vía, ya forma parte de la reglamentación vigente.

En su momento el punto había sido rechazado de palabra por el triunvirato de la CGT pero, en los hechos, se trata de un apuntalamiento al modelo de unicato sindical que persiste en beneficio precisamente de los líderes de la CGT. En particular, favorece a dirigentes como Roberto Fernández, de la UTA, que tiene una disputa por la representación de los trabajadores del Subte con la AGTSyP, así como a Gerardo Martínez, de la UOCRA, que tiene el mismo problema con el crecimiento del Sitraic.

Varios sindicatos con inscripción simple y en plena actividad denuncian que es el mismo ministerio el que retrasa tramitaciones que son necesarias para regularizar su situación. «