La Ley Micaela: los funcionarios tucumanos continúan sin capacitarse en materia de género

Es la única provincia que no adhirió a la ley 27499, por lo que sus funcionarios aún siguen sin recibir formación. Para evitar su adhesión, Fuerza Republicana presentó un contraproyecto. Se espera que esta semana la legislatura provincial trate la adhesión. Las organizaciones feministas convocan a un twittazo para este lunes de 11 a 13. 

(Foto: Telam)
10 de mayo de 2020

La provincia de Tucumán viene atrasada en lo que respecta a derechos de las mujeres, y hoy es la única que sigue sin adherir a la Ley Micaela, sancionada en diciembre de 2018 y promulgada en enero de 2019. Desde entonces en la legislatura provincial hubo muchas idas y vueltas para tratar su adhesión.

El debate por la ley de emergencia en violencia contra la mujer recuperó la inquietud por la ley Micaela. “Cuando fue la sesión anterior se planteó que Tucumán es la única provincia que no está adherida a la ley Micaela. Surgió ahí el compromiso de que en la próxima sesión se avanzara para que la provincia adhiera”, expresó a Tiempo Argentino, la legisladora Sandra Tirado que integra el bloque Frente Justicialista por Tucumán, y forma parte de la Comisión de Protección de los derechos de la Mujer.

Sin embargo, la semana pasada, la legisladora Nadima Pecci, del bloque de Fuerza Republicana presentó un proyecto que lleva las firmas de Ricardo Bussi (el hijo del genocida Antonio Domingo Bussi) y de los legisladores  Raúl Albarracín y Walter Berarducci( Partido por la Justicia Social) también para la capacitación del personal del Estado en materia de violencia de género.

“La adhesión a la ley Micaela es una adhesión a una ley nacional que no necesita un proyecto distinto”, expresa Tirado. “Es una ley clara que le da obligatoriedad a la capacitación. Porque todos tenemos que saber qué hacer ante esta situación, poder identificarla, saber cuáles son los canales para ayudar a las víctimas. No sé por qué necesitaría una ley provincial distinta”, agrega.

En los fundamentos, la legisladora Pecci denuncia que la capacitación de la ley en manos del Ministerio de la Mujer, Género y diversidad empodera a esa cartera como una “Gestapo ideológica que trata de imponer mediante la coacción estatal el adoctrinamiento ideológico en género de una manera compulsiva y autoritaria”, dice el escrito. 

Para la legisladora Tirado, el proyecto que se presentó no tiene sentido. "No necesitamos una ley distinta. Mucho menos con esos fundamentos. Preocupa el uso tan banal de la Gestapo, que ha sido tremenda para la humanidad. Es hasta una falta de respeto para las víctimas del Holocausto, utilizar la palabra Gestapo para decir que la ley decreta la obligatoriedad. Esa comparación es tremenda porque o estamos banalizando esta situación o estamos creyendo que la obligatoriedad va a desencadenar en qué cosa”, continúa la legisladora Tirado.

¿Es necesaria una ley diferente en Tucumán?

La Ley Micaela (27499) fue sancionada el 19 de diciembre y promulgada el 10 de enero, y establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La iniciativa lleva el nombre de la joven Micaela García, de 21 años, asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, por un hombre con antecedentes de violación que había sido liberado por la Justicia.

Ni la adhesión de todas las provincias ni las capacitaciones tomadas hasta por el presidente de la Nación y todos los trabajadores del Poder Ejecutivo generaron las controversias que surgieron en la provincia de Tucumán.

“Tucumán debe adherir a la ley como lo hicieron las 23 provincias restantes. Busqué la ley en otras provincias y no hubo ni cambios ni planteos. Y hablo de lugares muy similares a nuestra idiosincrasia como puede ser Salta o Catamarca. Toda la región adhirió o sea que no hay algo en esta ley que justifique una ley distinta”, afirma.

“El planteo es ¿hay algo distinto en la violencia hacia las mujeres en Tucumán que necesita ser identificado de otra manera? Y lamentablemente, no va por ese punto, sino que este proyecto, plantea un tema ultrafeminista, abortista... Hay una mezcla de conceptos muy grande”, asegura.

La clase política tucumana impide sistemáticamente el cumplimiento de los derechos de las mujeres. En 2018, la Legislatura la declaró provincia “pro vida”, y aún no se adhirió al protocolo ILE. Tampoco sumó su adhesión a la ley de salud sexual y procreación reproductiva, ni le dieron curso jamás a la discusión por la implementación de la ley de educación sexual integral.

Los avances y conquistas de las mujeres en todo el país, en Tucumán quedan entrampados una y otra vez en las internas políticas. En el caso de la Ley Micaela, interviene la actual puja política entre el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el gobernador Juan Manzur.

Al día siguiente de que Pecci haya presentado el proyecto de capacitación obligatoria, según denuncia el colectivo Ni Una Menos, Osvaldo Jaldo dijo durante una entrevista a uno de los programas del medio local La Gaceta Play. “Se está viendo si se hace una adhesión o si se adecua a la realidad tucumana’ ya que hay que ‘consensuar con el Bussismo y los otros sectores políticos’”.

Al respecto, Tirado afirmó, “entiendo que se busca que las leyes salgan con la mayor cantidad de votos posible. No sé qué habló el presidente del bloque (Roque Álvarez) con el vicegobernador. Sí puedo decir que vengo teniendo un excelente diálogo con Álvarez y con la legisladora Marta Najar que preside la comisión de la mujer”, finalizó Tirado.

Por su parte, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, en una entrevista publicada este domingo al medio La Nota, dijo. “La ley es una fórmula genérica que lo que hace es establecer la obligación de capacitar en género y en visibilizar las violencias por motivos de género. Estas violencias están estipuladas a nivel nacional por la Ley Nº 26.485, no hay una posibilidad de que haya una interpretación provincial diferente a esas violencias.”

El “contraproyecto” de la Ley Micaela.

Nadima Pecci es la legisladora que escribió y presentó el proyecto ante la legislatura. Afirma que el primer punto del proyecto está copiado casi tal cual de la ley Micaela porque el objetivo no es estar contra la ley sino que se no se cedan competencias provinciales a la nación.

“Básicamente la crítica que se le hace a la ley Micaela, es que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que tiene una marcada línea ideológica desde su cabeza que es la ministra (Elizabeth Gómez Alcorta). Creemos que podemos elaborar nuestra propia ley garantizando la pluralidad de ideas al momento de la confección del material de capacitación”, expresa a Tiempo, la legisladora de Fuerza Republicana, Nadima Pecci.

Acerca de esos contenidos posibles para la capacitación dentro de la ley que ella propone, expresó. “Serían contenidos tendientes a luchar contra la violencia hacia la mujer. Es decir, centrarnos en ese problema que existe, que lo vemos, y erradicarlo librado de todo tipo de ideología feminista”, resalta. “La pedagogía que se utiliza para la implementación de la ley Micaela es la pedagogía feminista que pone al hombre contra la mujer como si eso fuese una guerra entre sexos. Eso fomenta la violencia contra la mujer. Nosotros podemos hacer un contenido propio de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra Constitución Provincial que es respetuosa de la vida desde la concepción”, enfatiza.

De 24 provincias, sólo Tucumán no adhirió a la ley Micaela. “Es la única, sí. El Ministerio de Mujeres fija y controla los contenidos que se elaboran en cada una de las provincias. Esos contenidos tienen que estar de acuerdo a los lineamientos que da el ministerio que tiene una marcada ideología feminista. Y la ideología feminista es tan nociva como la ideología machista” enfatiza.

“Hay que capacitar contra la violencia sin ningún tipo de ideología. Porque una perspectiva no deja de ser eso, un punto de vista único y cuando ese punto de vista único se impone mediante una política es una ideología. Y esa ideología no se puede imponer mediante el Estado”, definió. “La idea es elaborar un contenido nuestro sin la Gestapo del Ministerio de las Mujeres”.

“Es fuerte usar la palabra Gestapo, pero también es fuerte que te obliguen a decir cosas que uno no cree. También que un empleado que se niegue a hacer la capacitación le publiquen su nombre en el ministerio de mujeres o lo echen del trabajo”, insiste Pecci.

 


Sin embargo, la ley es el resultado de un debate que se dio en Diputados y en Senadores en un momento en el cual todavía no existía el Ministerio de la Mujer, género y diversidad.

Esta semana la Legislatura de Tucumán discutirá finalmente la ley y se espera su adhesión. Desde la agrupación Ni Una Menos convocaron a un Twittazo, cartelazos y videos por las redes para este lunes 11 de mayo de 11 a 13 para exigir la adhesión a la ley.


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