La mesa de diálogo frenó el plan de Bullrich para un nuevo desalojo en Mascardi

La ministra de Seguridad impulsó esta semana una resolución que proponía la intervención definitiva de las fuerzas de seguridad en la zona mapuche, sin necesidad de aval judicial.

Luego del asesinato del joven Rafael Nahuel, de 22 años, a manos de efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (dentro de la toma que realizó la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi), la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ordenó la redacción de una resolución interna de esa cartera para desalojar a los miembros de esa comunidad mapuche por la fuerza y sin intervención del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva. El plan, según confirmaron tres funcionarios de la Casa Rosada a Tiempo Argentino, fue una de las estrategias que analizó la "mesa de crisis" que encabeza el jefe de Gabinete Marcos Peña, y que integran la titular de la cartera de Seguridad, su secretario de Cooperación de Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané; el ministro de Justicia Germán Garavano, su secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, la interventora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis, y el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Matías Garrido. 

El borrador de la resolución, según pudo saber este diario, ordenaba a los efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina la irrupción en el terreno ocupado por esa comunidad mapuche (ubicada en el kilómetro 35, de la ruta 40 sur, frente al Lago Mascardi) y detener a todos sus integrantes, para ponerlos a disposición de Villanueva. El magistrado, que subroga la jurisdicción de Bariloche desde este año, pero está al frente del juzgado de Neuquén desde 2011,  se transformó en uno de los principales destinatarios de las críticas públicas de Peña y Bullrich desde el inicio de la crisis en Villa Mascardi. 

El operativo incluía la intervención de una parte de los 1500 efectivos de las fuerzas de seguridad federales que el gobierno envió a los alrededores de la Ciudad de Bariloche, para custodiar la reunión de ministros de Finanzas del G-20 que comenzó este jueves y concluyó ayer, con la presencia de 250 funcionarios de las 20 naciones más desarrolladas del mundo. El objetivo de la resolución, que desconocía por completo la intervención del juez, se amparaba en la aplicación de la Ley Antiterrorista, 26.734, sancionada en 2011, que impone cambios en la aplicación del Código Penal. El texto, que habría desatado duras polémicas al interior de la mesa de crisis que responde a Peña, buscaba una interpretación alternativa "y superadora" a la norma vigente, cuyo artículo tercero establece que "cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional". 

Enemigo interno

El disparador para la preparación de la resolución, que finalmente no fue aplicada, giró en torno a las certezas púbicas, y a las presuntas informaciones reservadas que dice tener el Gobierno (desde el inicio del conflicto en Villla Mascardi) para relacionar a esa comunidad con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). El despliegue represivo que preparaba Bullrich, con el diseño legal de su jefe de Asesores, Pablo Noceti, fue desacartado durante la noche del miércoles pasado, cuando la mesa de diálogo que había convocado el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, junto a distintas organizaciones sociales, obtuvo un primer resultado concreto de esa mediación pacífica: la liberación de los jóvenes Fausto Jones Huala y Lautaro González, que habían sido detenidos el sábado 25 de noviembre, cuando intentaron salvarle la vida al joven Nahuel, mientras agonizaba por la bala que ingresó por su glúteo y le perforó el tórax.  Los dos mapuches detenidos, según denunció la abogada Sonia Ivanoff a Tiempo, fueron duramente golpeados por los efectivos en el mismo predio, mientras movían el cuerpo ya sin vida de Nahuel. La intervención represiva y el crimen ocurrió dos días después del desalojo que había ordenado Villanueva, en el mismo lugar, con la participación de 300 efectivos que actuaron a partir de una denuncia presentada por la Administración Nacional de Parques Nacionales. El jueves 23 de noviembre, el magistrado no estuvo al frente del operativo que ordenó, y lo dejó en manos de la Policía Federal. Fuentes judiciales confiaron que el juez estaba en la localidad neuquina de Piedra del Águila, un punto que está a 206 kilómetros de Bariloche y 233 de la ciudad de Neuquén es decir, casi equidistante de los dos juzgados federales que tiene a su cargo. 

La misma ausencia se registró el sábado por la tarde, cuando el joven fue asesinado. La crisis desatada por la intervención de los Albatros, lo obligó a regresar a Bariloche en forma urgente, ante el fracaso del desalojo, el regreso de la comunidad a la toma, y el incremento de la tensión tras el crimen. Fuentes del fuero federal confiaron a este diario, que Villanueva se reunió con el obispo Chaparro el domingo pasado, para explorar una interlocución entre los representantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, el gobierno nacional, representantes de Parques Nacionales y la activa paticipación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bariloche, a través del abogado Rubén Marigo, que en 2012 fue juez de la Cámara Laboral de esa localidad. 

De Mascardi al Vaticano

La iniciativa de la mesa, encabezada por el obispo Chaparro comenzó a funcionar este martes y cuenta con la directa tutela del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el obispo de San Isidro Oscar Vicente Ojea Quintana. Curiosamente la zona del conflicto, frente al Lago Mascardi, no es desconocida para el nuevo jefe de tropa del clero argentino, porque el obispado sanisidrense posee el complejo de cabañas para retiros espirituales "Hueche Ruca", que está emplazado a escasos 200 metros de la zona custodiada por unos 50 efectivos de Gendarmería Nacional y el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Federal. Según confiaron fuentes eclesiásticas a este diario, el flamante presidente de la CEA mantiene informado al Papa Jorge Mario Bergoglio sobre el desarrollo de la crisis, a partir de los reportes que envía el obispo Chaparro sobre una zona que ambos conocen en detalle. 

El avance de la mesa de diálogo abrió un compás de espera para la resolución pacífica de la crisis, que ya tiene un joven asesinado desde el sábado pasado, en la zona turística de una ciudad patagónica, cuya periferia es una de las más pobres de toda la región, con una población mapuche profundamente segregada y discriminada en materia social, laboral y policial. Desde que comenzó el operativo de desalojo que ordenó Villanueva, la zona es recorrida por Cané, que fue enviado por Bullrich para coordinar la custodia del G-20. Desde el estallido de la crisis redobló la presión sobre Villanueva. Al mismo tiempo, el magistrado mantiene comunicaciones diarias con el ministro Garavano, para monitorear la gestión de la mesa de diálogo que, desde su puesta en marcha, recibe virulentos cuestionamientos de la titular de la cartera de Seguridad, que hasta el miércoles estaba preparada para aplicar la resolución que había preparado Noceti, el mismo que hace cuatro meses comandó el operativo represivo que desalojó a la comunidad Pu Lof, en la localidad chubutense de Esquel, a orillas del Río Chubut, persecución que derivó en la desaparición del joven Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado 78 días después. 

Tras el escarnio público de Noceti, esa función ahora corre por cuenta de Cané, aunque fuentes judiciales confiaron que el jefe de Asesores de Bullrich hacía escala en Bariloche para presionar a jueces y fiscales para promover el desalojo de distintas comunidades a lo largo de toda la Patagonia. Tras el crimen de Nahuel, la virulencia del gobierno se concentró en la mesa de diálogo, en el obispo Chaparro y en Villanueva. También en el juez laboral y abogado de la APDH Marigo, que fue denunciado este jueves ante el Consejo de la Magistratura por los abogados Sebastián Alegre y Diego Breide, que es subsecretario de Hacienda del municipio barilochense, conducido por Gustavo Genusso. 

Este viernes, luego de cuatro días de funcionamiento, la mesa de diálogo pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, y ratificó un acuerdo que había sido planteado desde el día posterior al asesinato de Nahuel: el libre acceso al juez Villanueva para que realice una inspección ocular en el terreno ocupado, dentro de una investigación penal por el crimen que sigue bajo secreto de sumario.

Ayer, no obstante, abogados de la comunidad mapuche dijeron a Tiempo Argentino que el juez rechazó un amparo que habían presentado las demás comunidades para evitar desalojos en otras zonas de Bariloche.

El caso de Rafael Nahuel es la punta del icberg de un conflicto que volvió a reflejar la fractura social de Bariloche, en vísperas de un fin de año que asoma convulsionado, en medio de un equilibrio inestable que la Casa Rosada pretendía, hasta el miércoles, resolver a espaldas de la Justicia patagónica. «

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