A manera de brutal corolario de una semana en la que las mujeres volvieron a parar en repudio a la violencia machista y la oposición en el Congreso anunció su intención de pedir un jury de enjuiciamiento contra los jueces Aldo Daniel Carnevale, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas –que absolvieron en un fallo cargado de misoginia a los acusados por el abuso y muerte de la adolescente marplatense Lucía Pérez–, y en la que la realidad del maltrato hacia las mujeres tuvo su epicentro mediático en las denuncias de abuso y escraches contra Rodrigo Eguillor, el hijo de una fiscal bonaerense; un nuevo femicidio se sumó a los 260 que hasta el 15 de noviembre pasado había computado en 2018 el Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven», que divulgó una ominosa estadística: en los últimos tres años, una mujer ha muerto cada 29 horas por el sólo hecho de ser mujer.

Ayer por la mañana fue detenido Juan Carlos Garcilazo, de 53 años, sospechoso del asesinato de su pareja, Andrea Gabriela López, de 44, estrangulada y arrojada en la vía pública, detrás de un volquete, en la esquina de Primera Junta y París, en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, justo enfrente de su casa. Según informó el Ministerio de Seguridad bonaerense, al momento de hallarlo, escondido en una vivienda de la calle Cuba al 9500 de esa localidad, el hombre estaba ensangrentado y tenía un corte en su muñeca izquierda. Atendido primero en el hospital zonal, ya está alojado en una comisaría.

El video de una cámara de seguridad mostró el momento en que una persona –presumiblemente Garcilazo– descarta el cuerpo de Andrea, quien mantenía una relación de más de 20 años con el principal acusado por el «homicidio calificado» que investiga la UFI N° 6 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la doctora Marcela Edith Costa. De acuerdo a la autopsia, murió asfixiada.

Siete veces había denunciado Andrea a su pareja, por lesiones, amenazas y abuso sexual calificado, a lo largo de casi dos décadas. La primera denuncia fue en 1999 y cayó en la misma fiscalía que ahora debe acusar al asesino, y las otras fueron recibidas en otras oficinas del Ministerio Público pero luego remitidas a la 6. Todas fueron archivadas, la última este año, por decisión del fiscal Enrique Raúl Velazco Cerviño, aun a pesar de que un equipo interdisciplinario de la Justicia de San Martín había dictaminado que se trataba de un caso de violencia doméstica de alto riesgo. Sin protección del Estado, el final trágico de Andrea ya había sido anunciado. «