El suicidio del jubilado Rodolfo Estivill en Mar del Plata el jueves obligó al gobierno nacional a reaccionar y dar marcha atrás con la revalidación de datos en las pensiones por viudez, una medida que había generado críticas y rechazos. El pedido de documentación, a través del ticket de cobro, había desatado en las últimas semanas un aluvión de consultas en ANSES de jubilados que temen perder la pensión que cobran desde hace 20 o 30 años. Ahora, la búsqueda de documentación correrá por cuenta de ANSES. 

La ola de incertidumbre y temor entre los jubilados comenzó con la baja masiva de pensiones por discapacidad que ejecutó el gobierno en los primeros días de junio. Esa medida encendió la alarma porque una parte de los pensionados por viudez había sido notificado en el ticket de cobro de que debía «actualizar datos de convivencia o de matrimonio» con el cónyuge fallecido por el cual les habían otorgado el beneficio y «les otorgaba un plazo de hasta 90 días». El gobierno admitió que estaba revisando 37 mil «pensiones por fallecimiento» sobre las 1.651.000 que tiene otorgadas. 

Esto generó una avalancha de consultas en las oficinas de ANSES de los que habían sido notificados y de los que no también. ¿Qué les pedían? Acta de matrimonio en caso de estar casados; certificado de convivencia si era pareja; pero también certificado de defunción y, en caso de ser extranjeros, hasta certificado de Migraciones que pruebe el ingreso al país. Además del tiempo y el trastorno de movilidad que implica para muchos ancianos, hacerse de los documentos, supone también un gasto. En todos los casos, se trata de pensiones que fueron otorgadas hace 20 o 30 años. 

El pedido de documentación no se acotó a estos casos: también los jubilados extranjeros y los que hoy reciben una «pensión universal por adulto mayor» –que se creó como parte de la Ley de Reparación Histórica el año pasado– están siendo intimados a acreditar el ingreso al país. 

El trágico episodio de Mar del Plata volvió a poner el foco sobre ANSES y visibilizó la ola de temor que había generado el pedido de datos, que ya había sido criticado desde muchos sectores. Frente a esto, ANSES emitió un día después, el viernes, una circular interna en la que informó que desaparecerá de los tickets la leyenda con el pedido de datos y que no se pedirá ninguna documentación extra a quienes acerquen los papeles a las oficinas. La marcha atrás, no obstante, no fue comunicada oficialmente por el organismo que conduce Emilio Basavilbaso. 

«El Estado tiene la facultad de realizar controles y pedir actualización de datos, lo que no se puede hacer moralmente es molestar a la gente y generarle temor o pánico a perder el beneficio si no tienen un documento. Ellos deberían hacer los cruces con los organismos correspondientes con el Registro de las Personas y con Migraciones y, si ocurre en algún caso, decir no encontramos tal documentación y le pedimos que la acerque», señaló a Tiempo la diputada nacional del FR y titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Mirta Tundis, quien puso además el énfasis en el costo que tienen este tipo de trámites. «Un certificado de Migraciones sale 300 pesos y no creo que los jubilados tengan ese dinero», explicó. 

«Siempre el costo lo tiene que pagar el jubilado perdiendo tiempo, perdiendo plata, teniendo que hacer colas para que le tomen la documentación que no es tan fácil. Todo es muy difícil, en plena era cibernética no tienen por qué estar molestando ni generando psicosis. Hay que agotar las instancias antes de llegar a esto», agregó la legisladora. 

Apenas se conoció el proceso de revisión que había iniciado ANSES, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES) se puso a disposición del organismo previsional con su equipo para detectar posibles irregularidades en el otorgamiento de las pensiones. Ese organismo ya había intervenido también cuando el Ministerio de Desarrollo Social dio de baja 72 mil pensiones por discapacidad pidiendo información y también otorgando una cautelar a favor de un beneficiario al que le quitaron su pensión. 

En diálogo con Tiempo, el titular de la UFISES, el fiscal Gabriel De Vedia explicó por qué ANSES no puede quitar un beneficio otorgado. «El acto administrativo por el cual se otorga una pensión convierte al beneficio en un derecho adquirido. Además existe la Ley de Procedimiento Administrativo que, en su artículo 12, reconoce lo que se llama presunción de legitimidad del acto administrativo. Es decir que cuando un acto administrativo da un beneficio se presume legítimo y ese acto es ejecutorio y el Estado, en principio, no lo puede revocar», explicó. 

No obstante, De Vedia señaló que, en el caso de que el Estado quiera revisar, debe reabrir cada expediente administrativo, es decir estudiar caso por caso. Y si considera que no está acreditada la convivencia o el ingreso al país, no debe pedirle la documentación a la persona. «Hay un principio procesal que dice que la carga de prueba depende del que está en mejores condiciones y en este caso es el Estado. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de pedir las partidas y demostrar que no existía la causa por la que se le dio la pensión», agregó. Aun llegado este caso, el fiscal consideró que tampoco ANSES puede revocar la pensión, sino que debería hacerlo la Justicia. 

El episodio de Mar del Plata derivó en un paro de los trabajadores de ANSES que, además de estar en pleno conflicto por salarios y pases a planta, vienen denunciando que hay un «proceso de vaciamiento» del organismo por la desactivación de distintos programas como el Progresar y el Conectar Igualdad. «Lo de Mar del Plata es un síntoma de la crisis en la que este gobierno nos pone, creando falsas expectativas, dejando a los discapacitados sin pensión, poniendo en duda todos los derechos sociales. No se puede tener a las pensionadas atemorizados con perder su ingreso. Debieron revertir este mecanismo perverso, pero no lo comunicaron y la gente va a seguir consultando por temor», dijo Diego García, delegado general de ATE ANSES. 

Frente a la consulta de este diario, desde ANSES aseguraron que la presentación de la documentación era voluntaria y opcional y que la leyenda en el ticket «está presente desde el año 1998». «Solo se hizo para agilizar la carga de datos que faltan por no estar digitalizados», remarcaron y agregaron que nadie perderá su beneficio. «

«En 60 días su pensión será dada de baja»

Norma García es una historia entre miles. Tiene 83 años y casi no sale de su casa. Una fractura de fémur y las secuelas de la operación  hicieron que tenga muchas dificultades para movilizarse. Vive de su pensión desde hace 24 años, cuando su esposo murió luego de una larga enfermedad. Su hijo retira el dinero del cajero automático todos los meses. Se lo lleva junto con el formulario de pago que emiten los cajeros. Ella los lee atentamente y los guarda. No muchas personas de esa edad están en condiciones de hacerlo. El último ticket incluyó una leyenda minúscula. «Presentar en Anses a actualizar datos de matrimonio con TIT del que deriva la pensión», decía el breve aviso sobre la medida que el gobierno finalmente decidió revertir.  

«¡Me quieren sacar la pensión! ¡Como hicieron con los discapacitados!», reclamó angustiada Norma. De inmediato, decidió llamar a Anses. «Señorita, yo casi no me puedo movilizar, la pensión la cobro porque mi marido hizo los aportes toda su vida y murió hace más de 20 años. ¿Tengo que ir personalmente? ¿No se puede ni pedir turno? ¿Voy a tener que hacer una cola por tiempo indeterminado hasta que me atiendan? Mi salud no me lo permite», trató de explicar Norma. 

Del otro lado del teléfono el tono de la empleada de Anses parecía  tranquilizador. Pero se trataba solo de formas: «Si se le hace imposible acercarse o si le falta alguna documentación no venga, señora. No se preocupe. Pero en 60 días su pensión será dada de baja en forma automática.»

«Decidímos evitarle un trámite abrumador»

María Elena cumple 90 años en diciembre. Se casó con Tito en 1957. Él era empleado de comercio y murió en 1989, cuando transitaba los 60 años. Ella empujaba vendiendo productos domésticos y atendiendo su casa.

Pocos meses antes habían terminado de pagar su primer departamento propio, luego de alquilar toda la vida. Poco después, María Elena tramitó la pensión de Tito. De eso vive desde entonces, con la imprescindible ayuda de sus dos hijos. 

Le encanta la lectura y armar rompecabezas. La visión cada vez se lo dificulta más junto con los mil achaques que padece, como toda mujer de su edad. Entiende perfectamente que con la «reparación histórica» no le repararon en absoluto lo que cobra, aunque la aceptó y cuando a fin de mes llegaron unos pesitos más, se ilusionó con hacerles un regalito a los nietos. Hace un mes, en su recibo de cobro –antes de que se destiña debido a la tinta liviana con la que se imprime–, figuró la leyenda de la polémica y ahora fallida medida. 

Ella no lo leyó. Sus hijos no se lo advirtieron. «Decidimos hacer las gestiones necesarias e intentar evitarle un trámite abrumador», explicaron.