El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria aceptó la invitación del gobierno argentino de visitar Argentina, en respuesta al pedido de liberación inmediata de la dirigente indígena Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero pasado en la provincia de Jujuy.

«El gobierno invitó al Grupo pero eso no puede constituir una respuesta a (nuestra) decisión. La única respuesta satisfactoria es la liberación» de Milagro Sala, dijo a la AFP el presidente del citado Grupo, Roland Adjovi.

«El gobierno federal tiene obligaciones en ese sentido en el plano internacional. La naturaleza federal de Argentina no puede ser una excusa escapatoria a sus obligaciones», agregó Adjovi.

Funcionarios argentinos declararon que la petición de la ONU había sido remitida a la Provincia de Jujuy.

Milagro Sala, líder de la organización barrial «Tupac Amaru», fue detenida una primera vez acusada judicialmente de sedición por organizar una protesta en la Plaza Belgrano de la capital de la Provincia de Jujuy.

Luego fue liberada e, inmediatamente después, detenida nuevamente y acusada de varios delitos, entre ellos «defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita», por los cuales sigue presa.

«En principio sería una visita de seguimiento, pero como hace mucho que la primera visita tuvo lugar (en 2003), una visita completa sería lo más apropiado. La cuestión será resuelta una vez convenida la fecha», consideró Adjovi, quien aclaró que «no puede haber visita exclusivamente ligada al caso Milagro Sala».

En cuanto a la fecha de la visita del Grupo, una fuente de la organización que pidió el anonimato informó a la AFP, que la ONU le ha propuesto a la Argentina que sea en mayo de 2017.

El Grupo está integrado por cinco expertos independientes, uno por cada región del planeta, nombrados por consenso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (órgano compuesto por 47 Estados surgidos del voto secreto de la Asamblea General de la ONU).
Este Grupo, que hace unos días celebró 25 años de existencia, recibe unas 100 denuncias de presuntas detenciones arbitrarias por mes y adopta una 150 resoluciones por año.

Su mandato fue prorrogado por tres años el 26 de septiembre de 2016.