El Fondo Monetario Internacional (FMI) confía en que una reforma del sistema jubilatorio ayudará al gobierno argentino a bajar el déficit fiscal en alrededor del dos puntos del PBI.

La recomendación del organismo en ese sentido fue clave para que el gobierno cambiara a fin del año pasado la ley de movilidad previsional, que ajustaba los haberes según el sueldo del personal activo y la recaudación de la ANSES, por otra que prioriza la inflación, con lo que se amortiguan los aumentos. Ahora el FMI va por más: propuso un sistema mixto, en que el Estado sólo cubra un básico equivalente al 25% del sueldo promedio del personal activo y el resto surja de una cuenta de ahorro individual a la que se destinarían los aportes de cada trabajador y de su empleador, en una nueva versión de las AFJP. Con eso, el rojo del sistema previsional bajaría del 3,1% del PBI a sólo el 1 por ciento. Semejante reducción del gasto público allanaría el camino para que el Fondo otorgue un préstamo stand by a la Argentina.

El esquema sugerido es una réplica del que se aplicó entre 1994 y 2008, del que sacaron más provecho las empresas administradoras de esas cuentas (la mayoría vinculadas al sector bancario) que los trabajadores. El kirchnerismo lo derogó para volver al sistema de reparto estatal. El gobierno parecería dispuesto a escuchar consejos: un documento oficial del FMI, elaborado en ocasión de la auditoría realizada el año pasado, deja constancia de que las autoridades locales anticiparon que «una reforma más comprensiva del sistema de pensiones será propuesta en 2019». «